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Spanish31/05/16El tarifazo de luz y gas pone en riesgo a cientos de cooperativas. Enfrentan aumentos que llegan al 800 por ciento en un contexto de caída de ventas y encarecimiento del crédito.
Las empresas recuperadas, que emplean a más de 15 mil personas, se enfrentan a incrementos tarifarios que llegan hasta el 800 por ciento, lo que pone en duda su continuidad. Página/12 accedió a datos actualizados del sector y presenta casos concretos de cooperativas que sufren el tarifazo en un contexto de caída de las ventas, encarecimiento del crédito y de otros insumos y aumento de las importaciones. Muchas presentaron recursos de amparo para frenar el tarifazo y piden ser reconocidas para la tarifa social, aunque el Gobierno se niega. Hasta ahora, el gesto del macrismo luego de que prácticamente fuera tomada la Secretaría de Energía por el movimiento de recuperadas fue permitir que las empresas anotadas en un registro nacional específico paguen el 50 por ciento de la boleta mientras la cartera de Juan José Aranguren se toma 90 días para evaluar la situación.
Según el Centro de Documentación de Empresas Recuperadas, que funciona dentro del programa Facultad Abierta, en Filosofía y Letras de la UBA, hay 362 empresas recuperadas en el país, que ocupan 15.321 trabajadores. El último informe está actualizado hasta el mes pasado y todavía no fue publicado. El anterior registraba datos hasta diciembre de 2013, momento desde el cual se recuperaron un total de 41 empresas autogestionadas por trabajadores. Del total de empresas y de trabajadores, poco más de la mitad se ubica en el Gran Buenos Aires (114) y en la Ciudad de Buenos Aires (71).
La mayoría de las empresas se dedican al rubro metalúrgico (70), seguido por alimentación (49), gráficas (38), textiles (28), gastronomía (25), industria de la carne (25) y construcción (18), seguidas por salud, madera/aserradero, educación, químicas, medios de comunicación, transporte, industria del cuero, vidrio, comercio, combustible, hotelería, entre otros.
“En estos meses del gobierno de Mauricio Macri los impactos más evidentes sobre el sector están relacionados con el aumento generalizado de los insumos, el descenso abrupto del consumo, la apertura de importaciones, la devaluación que encareció insumos importados y arrastró a los nacionales y, principalmente, los enormes aumentos tarifarios, especialmente en electricidad y gas”, explicó a Página/12 Andrés Ruggeri, director del programa Facultad Abierta, del que depende el Centro de Documentación. El especialista agrega que “el mayor impacto, que provocó la reacción de los trabajadores, es el aumento tarifario”.
Varios ejemplos relevados por el informe refuerzan esa descripción. En la Ciudad de Buenos Aires, a la recuperada gráfica Chilavert le subió la tarifa eléctrica de 3 mil a 15 mil pesos entre una factura y otra, un incremento del 400 por ciento, mientras que al restaurant Alé Alé, de 7500 a 22 mil pesos (193 por ciento). La tarifa para el Hotel Bauen subió de 24 mil a 100 mil pesos (317 por ciento) y a la pizzería La Casona, de 8 mil a 42 mil pesos (425 por ciento).
En la provincia de Buenos Aires, la metalúrgica 19 de diciembre pasó de 6 mil a 24 mil pesos (300 por ciento), la gráfica Madygraf de Pilar, de 38 mil a 230 mil pesos (500 por ciento); el frigorífico Subpga, de 100 mil a 850 mil pesos (750 por ciento) y en Neuquén la fábrica de cerámicas Fasinpat pasó de 360 mil pesos a 1.600.000 pesos en concepto de electricidad (344 por ciento). En Tandil, a la metalúrgica Ronicevi, que cuenta con 42 asociados que recuperaron la empresa hace cuatro años, la factura de luz les subió de 32.565 pesos en diciembre a 62.166 pesos en abril.
Otro caso es el de la gráfica Idelgraff, ubicada en Munro, recuperada en 2008 y conformada como cooperativa en 2009. Los 12 operarios gráficos mantuvieron abierta la imprenta pero el tarifazo puso el jaque las cuentas: la boleta de Edenor pasó de 1998 pesos el 15 de enero a 3061 el 16 de febrero y luego a 8794 pesos el 15 de abril (ver foto), en un contexto de fuerte caída de las ventas.
Gisela Bustos es abogada de empresas recuperadas y presentó dos amparos colectivos de seis empresas de San Martín y siete de la Ciudad de Buenos Aires. “También hicimos presentaciones en el Ministerio de Energía y estamos haciendo circular un petitorio. La situación es gravísima. En algunos casos tenemos subas del 900 por ciento. Mientras la Justicia se demora, las empresas pueden llegar a cerrar. La solución de fondo es que las empresas recuperadas tengan acceso a una tarifa social. Es lo que corresponde. Se trata de entidades sin fines de lucro, que además cumplen funciones como ser bibliotecas y bachilleratos populares. La tarifa social exige que la persona no tenga ingresos superiores a los 12 mil pesos y esa es exactamente nuestra situación, porque ningún trabajador retira mensualmente, ni cerca, esa cifra. Lo que corresponde es la tarifa social, pero el Gobierno nos pone peros y trabas”, explicó Bustos a Página/12.
“Para el sector de empresas recuperadas, la contracción del mercado junto al aumento de tarifas y un notable cambio de relación con el Estado ha derivado en un fuerte cuello de botella que impide el crecimiento y complica su lugar dentro del mercado como opción al capitalismo y al sector productivo cartelizado”, indicó a este diario Santiago Luis Hernández, vicepresidente del Instituto de Promoción de la Economía Solidaria (IPES) de la provincia de Buenos Aires.
La situación es muy comprometida tanto para las recuperadas de tamaño mediano que ya están estabilizadas en el mercado como para las micropymes. Una de las empresas más importantes del sector, la fábrica de tractores Pauny, ubicada en Las Varillas, Córdoba, pasó de recibir una factura de luz de 820 mil pesos a 1.800.000 pesos, con una incidencia en el precio final del 9 por ciento. “Además, por la devaluación subió el hierro y la chapa no podemos trasladar eso a los precios porque nos quedamos afuera del mercado. El resultado es que perdemos rentabilidad y no podemos invertir, porque el canal del crédito, con las tasas actuales, está vedado”, indicaron desde la empresa, que tiene 650 trabajadores.
Antonia forma parte de la Cooperativa 10 de Noviembre, ubicada en Lomas del Mirador, La Matanza. Es una hilandería recuperada por sus trabajadoras en 2007, cuando la empresa, a pesar de tener mucho trabajo, cerró por un problema entre los socios. “Trabajamos a fasón, el cliente pone la materia prima y nosotros la mano de obra. Pagábamos 7500 pesos de luz, en marzo nos vino 15 mil, después 35 mil, 37 mil y la última fue de 45 mil pesos, con el mismo consumo, incluso un poco menos. Veníamos bien, en el último tiempo tomamos dos pibes pero esto nos mató, no podemos incorporar a nadie porque todo se lo lleva la luz. Somos 18 familias y si seguimos así vamos a tener que dejar gente afuera”. Antonia y las demás asociadas venían retirando 1600 pesos por semana pero luego del tarifazo bajaron sus ingresos a 1400 pesos por semana, a pesar de la inflación.
Cueroflex está formada por 80 trabajadores que trabajan con cuero reciclado. Las ventas a los zapateros y a los fabricantes de cinturones les bajó entre un 30 y un 40 por ciento. En ese contexto, pasaron de pagar 59.452 pesos el 4 de febrero a 321.757 el 5 de mayo, un 441 por ciento (ver foto). “Si nosotros pudiéramos trasladar los costos a los precios la situación sería manejable. Pero no hay forma de hacer eso en este contexto de caída de las ventas. Nos bajó el trabajo y automáticamente nos baja el sueldo. Si esto sigue así terminamos todos en la calle. Pagamos la luz entre todos y no le podemos dar un mango más a la gente”, contó Jorge a este diario. La fábrica está ubicada en San Martín y fue recuperada por sus trabajadores hace cuatro años.
La textil recuperada Acetato Argentino, que emplea a 80 personas en Quilmes, enfrenta una caída de las ventas del 60 por ciento, a raíz de la depresión del mercado interno y la apertura de importaciones, que llevaron a las marcas a dejar de comprarle. En consecuencia, su consumo eléctrico bajó de 117.840 kw en abril de 2015 a sólo 46.560 kw en abril de este año. Sin embargo, la factura eléctrica de Edesur le subió de 33.619 a 110.522 pesos.
“Las tarifas son parte de un problema mayor. Hay caída de la actividad, suba de la tasa de interés, incremento de precio de materia prima y servicios. El panorama es mucho más complejo”, explicó a Página/12 José Abelli, referente del movimiento de empresas recuperadas, actual integrante de Autogestión, Cooperativismo y Trabajo (Actra). Mencionó el ejemplo de la recuperada Cristalería Vitrofin, que tiene 90 trabajadores y está ubicada en Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe. Su principal insumo es el gas, que incide en el 38 por ciento de sus costos, porque utilizan hornos a altísima temperatura. La producción les bajó más del 35 por ciento mientras que la boleta de gas les subió de 70 mil a 280 mil pesos. “La perspectiva es el cierre. No se puede trasladar de ninguna manera a precios ese aumento de costos. Encima está entrando cristal de Checoslovaquia y de Rusia a precio de dumping”, detalló Abelli. También mencionó el caso de la fábrica de pastas frescas y tapas de empanada Mil Hojas, que emplea a 90 trabajadores. “El kilo de harina les subió de 2,20 a 3,90 pesos, la producción les cayó un 35 por ciento y la factura de luz subió de 50 mil a 150 mil pesos”. Abelli citó además la situación de Pauny y la de la recuperada La Cabaña, una fábrica de manteca y crema con 46 trabajadores en Rosario, cuyo alquiler les subió de 90 mil a 170 mil pesos y la factura de luz, de 40 mil a 120 mil pesos”. “Son empresas que no reciben ningún tipo de subsidio estatal y que están totalmente en poder de sus trabajadores”, agregó Abelli.
También está el caso de la Cooperativa Textiles Pigüé, fábrica recuperada por los trabajadores de la ex Gatic, que pasó de pagar 29 mil pesos por mes a Camuzzi Gas Pampeana a 202 mil pesos, un aumento de 600 por ciento. Tienen 150 asociados directos y también empleos indirectos vinculados. “Yo no sé si esto es lo que vale el gas o no. El tema es que de un mes a otro el aumento fue muy abrupto en un contexto económico malo, porque estamos produciendo entre un 25 y un 30 por ciento menos de tela que en diciembre, porque se enfrió totalmente la demanda”, explicó a este diario Marcos Santicchia, presidente de la cooperativa.
La cooperativa El Palmar, ubicada en Laferrere, fue recuperada en 2001 y fabrica ladrillos huecos para la construcción. “En febrero empezamos a notar una caída de las ventas del 30 por ciento junto a la fuerte suba de costos porque nosotros usamos mucho gasoil, líquidos hidráulicos y aceites. En ese contexto, el tarifazo nos puso en una situación casi insostenible. Pagábamos 40 mil pesos por mes, luego vino 350 mil y después 370 mil pesos. La situación es desesperante porque eso implicó inmediatamente una fuerte caída del ingreso de los asociados”, explicó el asociado Alberto Fernández a este diario.
La Fundidora La Matanza, empresa recuperada en 2002 que cuenta con 70 asociados, subió su gasto de luz de unos 25 mil a 80 mil pesos, mientras que el gas aumentó de 30 mil a 130 mil pesos. “¿Cómo hacemos para aguantar? Si tenés laburo se puede solventar, pero si encima no hay trabajo es imposible”, dijo un integrante de la cooperativa a este diario. Otro caso que tuvo difusión el del frigorífico Bragado, recuperado en 2006. “En electricidad pagábamos entre 28 y 30 mil pesos mensuales y ahora está viniendo 70 mil. De agua pagábamos entre 18 y 19 mil mensuales y se va a ir a 50 mil pesos. Se nos está poniendo imposible”, explicó Carlos Alietti, presidente de la Cooperativa.
Publicado en el diario Pagina 12, el lunes 30 de mayo de 2016
Αργεντινή, Javier Lewkowicz, Ανακτημένες Επιχειρήσεις, 21ος αιώνας – Εργατικός Έλεγχος στη Σύγχρονη Εποχή, Λατινική ΑμερικήAuthorsΝαιΝαιNoΌχι -
Spanish26/05/16NEUQUÉN - Esta mañana los obreros realizaron una volanteada en ruta 7 rechazando los tarifazos que complican las gestiones obreras ceramistas.
Con una volanteada sobre la ruta 7 en el Parque Industrial, los obreros de Zanon y Cerámica Neuquén se manifestaron esta mañana contra los tarifazos de gas y electricidad, que ponen en riesgo la producción de las gestiones obreras. Ambas fabricas ceramistas, al igual que Cerámica Stefani de Cutral Co, también gestionada por sus trabajadores, ven peligrar la producción y los puestos de trabajo luego del enorme incremento en las tarifas de gas y electricidad, dado el alto consumo, en especial de gas, propio de la industria ceramista. En el caso de Zanon, la factura de gas se incrementó de $700.000 a $8.000.000 en un mes, y la de electricidad de $360.000 a $800.000.
Los obreros ceramistas denuncian que con este incremento se ponen riesgo los puestos de trabajo de las gestiones obreras. Como denunció el Secretario Adjunto del Sindicato Ceramista Andrés Blanco “estamos exigiendo al gobierno provincial y nacional que den una respuesta a esta problemática, que pone en peligro la continuidad laboral de cientos de familias. Las gestiones obreras, sin acceso a ningún tipo de crédito, necesitamos una respuesta concreta al aumento de las tarifas. En el caso de Zanon, ya veníamos con problemas en la producción por la falta de acceso a créditos para la renovación tecnológica, y ahora este tarifazo nos pone directamente en vilo. Pero así como no permitimos hace 15 años el cierre de la fábrica y los despidos, hoy vamos a seguir defendiendo nuestros puestos de trabajo.”
Quien acompañó la acción de los ceramistas fue el diputado provincial del PTS-Frente de Izquierda y también obrero de Zanon Raúl Godoy, quien la semana pasada presentó un proyecto de ley de emergencia tarifaria para todas las cooperativas y gestiones obreras de la provincia. Godoy aseguró que “el proyecto de emergencia tarifaria para las fábricas recuperadas propone que por 24 meses se exima del pago de los servicios de gas, electricidad y agua a todas las fábricas y empresas recuperadas por sus trabajadores, como las fábricas ceramistas, la empresa de transporte El Petróleo, el Policlínico ADOS, entre otras. Esta es una medida elemental para dar una respuesta inmediata a las gestiones obreras frente al tarifazo de Macri.”
Αργεντινή, Συνεταιριστικό Κίνημα, demonstration, La Izquierda Diario, lack of credit, Ανακτημένες Επιχειρήσεις, utilities rate rise, 21ος αιώνας – Εργατικός Έλεγχος στη Σύγχρονη Εποχή, Λατινική ΑμερικήAuthorsΝαιΝαιNoΌχι -
English23/05/16Certain changes to the cooperative form could permit the creation of enterprises that would not belong to anyone specifically but would be at the disposal of its users, workers and clients alike.
Company buy-outs and transformation into cooperative enterprises are often presented as a step in the construction of commons, as the various stakeholders – workers and users – are involved in the process of preserving and developing a resource. However, even though the cooperative form departs from the traditional rules of capital, it still remains essentially private in nature, which leads to frequent capitalist drifts when the cooperative is successful. What changes to the cooperative form would permit a better construction of the commons?
While realising the construction of commons is a co-activity between a number of stakeholders managing a resource25, cooperative ownership remains private in nature. Not all stakeholders can be represented in a cooperative and similarly, every person who participates in the life of the cooperative is not necessarily a member of it, as applications can sometimes be rejected. Likewise, to become a member of a cooperative a share must be bought, an investment made, albeit often minimal26, and this constitutes ownership. In addition, cooperative shares cannot be freely transferred; they are generally bought back by the cooperative itself27. Although all these elements are obvious deviations from traditional private ownership of a capitalist nature, it is still true that cooperative shares do belong to a clearly defined natural or legal person.
The third principle of the cooperative28 is that the company’s reserves cannot be disbursed. When a company makes a profit that is not distributed as salaries or dividends, it is accounted for as reserves which increase the value of the company’s equity29. In the classic regime of a capital company, shareholders have a right to the equity commensurate with their holdings. This means that the sales price of a share always includes this portion of the reserves. In cooperative law, due to the limited remuneration of the contributions, the profits made cannot be distributed to members and therefore become indivisible, which means that they belong exclusively to the cooperative and not to its members. This is why transactions are always done at the nominal value of the share. Do these indivisible reserves presage the construction of a common? This is far from certain.
Reserves build up as soon as the company turns a profit. In the competitive environment of today’s economies, these reserves, like the price of members’ shares, are a force driving the development of the company. Just like any capitalist shareholder, cooperative members do not want to see their shares depreciate. Nor do they want to divest themselves of reserves, once built up, as they represent both a security net for their shares and a way of developing the cooperative further. When a cooperative grows economically, it can often be observed that the cooperative spirit that powered the organisation at the beginning gives way to typically capitalist behaviour. One of the most obvious examples of this is the cooperative group Mondragón.
At the peak of its growth, the group was made up of 125 cooperatives linked through second level cooperatives and the governing body elected by a group assembly made up of representatives of the various cooperatives. Mainly comprising industrial cooperatives, the group had to face the issue of globalisation after Spain joined the European Union in 1996. To do so it introduced a policy of acquiring foreign companies which remained subsidiaries of Mondragón cooperatives and were not turned into new cooperatives. The workers of these subsidiaries kept the status of employees, reporting to the company management and did not become members like their counterparts in Spain. So the question is, why didn’t these employees become members? A number of different explanations have been mooted (legal difficulties, membership reserved to the Basque Country, etc.) which remain unconvincing. There is, however, another reason which is far more prosaic.
At the end of 2012, the group’s equity amounted to €3.95 billion, composed of 2.05 billion of shares and 1.9 of billion indivisible reserves. Unlike French workers’ cooperatives (SCOPs), the shares in Mondragón cooperatives are revalued. One might think that this fact would facilitate the entry of new members as they join the cooperatives on the basis of a share that is revalued every year. But it is not a full revaluation, as we can see from the existence of indivisible reserves which almost equal the number of shares. Even if these indivisible reserves do not belong to Mondragón members individually, they do represent a safety net for them and the potential for investment and development. So it is easy to understand that they are attached to them and want to keep them. From a strictly financial point of view, a new member of a Mondragón cooperative benefits from a discount of approximately 50% to access the group’s equity simply due to the build-up of these reserves. There is no doubt that current members are happy to introduce new people in the general and every day running of the cooperative, but doing so on a large scale and integrating employees of the subsidiaries bought is another problem entirely.
In other words, although the indivisible reserves are indisputably collective property, it is still private from the point of view of people outside of the cooperative. The reserves are indivisible due to the third pillar of cooperatives: limited remuneration of the capital. This does not resolve the issue of ownership linked to the existence of equity. A new approach could be tested, that of an equity-free company that is financed by debt alone. This would be an unprecedented political revolution that would pursue the idea of creating common property: power would no longer be defined in terms of holding company shares, but one’s place in relation to the production unit. Co-activity would grant the power to decide. Workers would manage production and users would be able to have their say on the direction and quality of production. But is this credible? Is equity really avoidable?
The world of finance justifies the existence of equity by stating that lenders need to see that owners have more to lose than lenders do: a loan entails a commitment to repay, regardless of how the company performs financially. It is, however, the shareholders who suffer first from a fall in activity or shrinking margin, provided that the capital is significant and the shareholders have something to lose. This is why financiers always check the amount of equity in the company before granting any credit to a capital company, often of the opinion that a ratio of one to one is reasonable. In the world of workers’ cooperatives, however, we can see that the approaches are much more aggressive.
We can refer here to the example of the Ceralep SCOP, based in Saint Vallier in the French department of Drôme. A manufacturer of very high tension electrical insulators, this company was liquidated in 2004 by its owner, an American group. The employees put together a plan to turn the company into a cooperative in order to save jobs. Funding of €900,000 was needed. All the banks, with the exception of Crédit coopératif, refused to finance the project. The cooperative movement - risk capital organisms from the SCOP movement and the Crédit coopératif - put up €800,000 in loans and quasi equity funding (shares). The employees were asked to contribute €100,000 which they did not have. In the end, they contributed €51,000 and the rest came from subscriptions from locals in support of employment. This enterprise has just celebrated its 10 year anniversary, during which the enterprise has increased salaries while still taking on additional staff, all this with an initial contribution of just 5.67% of the necessary operating costs, a ratio which is absolutely unimaginable in classic finance.
More recently a tech company was turned into a SCOP by its employees: SET. The company, which belonged to a bankrupt Swiss start-up, had been put up for sale. An American-Singaporean group, K&S, put in a bid. The staff, fearing they were going to lose the technology they had developed over a number of years30, wanted to put in a takeover bid. With only limited funds at their disposal (€160,000), they did not manage to find classic financial partners. Although they had not intended to turn the company into an SCOP, it was the cooperative movement that found the solution by issuing shares to build up equity so that the enterprise could borrow from the banks Crédit coopératif and CIC (a subsidiary of Crédit Mutuel). Out of a total €2 million, the staff only contributed 8% of this amount. After two years of being in business, the company is doing very well and continues to innovate and increase turnover.
These two examples – we could look at hundreds of others – show us that the cooperative movement and the world of finance have different approaches. It is not the equity that serves as a guarantee but the desire of workers to keep their jobs. In fact, if the legal form of the cooperative did not require members and therefore shares, cooperatives could work just as well without any financing from workers. If this can often be established (without claiming that this is always the case) can enterprise in practice work with debt as the only method of funding?
Debt financing means that workers are not doing any self-financing31 and that they therefore get the full market value for whatever they produce32. At a first glance this looks tricky as equity is subject to discussion and applying different accounting standards results in different equity evaluations. The difficulty is evaluating the shares33. But rather than trying to give them a value, shouldn’t we accept that all assets, whether tangible or intangible, must be financed? This is already the case for long-term tangible investments. A company that wants to invest in a piece of equipment that will be used for 20 years would, for example, finance the purchase by means of a bank loan for the same length of time34. The same should be done for any intangible asset such as research and development or a publicity campaign. A research and development programme must first be quantified and would be funded on a risk capital basis with variable rates depending on the business outcomes of the research. Similarly, a marketing campaign must be funded in advance for the period of time over which the company hopes to see results, probably with a repayment schedule that would quickly repay the bulk of the campaign then with smaller repayments corresponding to the staggered publicity achieved during the campaign. Finally, a large part of assets rely on short-term elements such as stocks, client receivables less short-term debts. This is a classic assessment of the running costs requirement. The idea is therefore that banks give companies lines of credit commensurate with this running costs requirement, which will be continuously re-evaluated based on each accounting statement.
Debt financing social enterprises is therefore technically possible. It would allow the creation of enterprises without equity that would not belong to anyone specifically but would be at the disposal of its users, workers and clients alike. Under this format, and unlike cooperatives that only differ from the capitalist way of thinking partly, the entity would not accumulate profits for itself. This means that workers would be remunerated at the exact market value of their work, perhaps enhanced or adjusted by subsidies or deductions. This presupposes the existence of a banking and financial services sector that would permit collective ownership of manufacturing means at different levels and represent the commons at higher levels in the company. In this context, investment decisions would be taken jointly by the company’s workers and users and a socialised credit agency that would agree to a funding proposal, thereby heralding an instance of commons held by them with a view to creating a federation of commons.
Notes:
25 Commun, Essai sur la révolution au XXe siècle, [Commons, an essay on the revolution of the 20th century] Pierre Dardot and Christian Laval, Editions La Découverte, 2014
26 Which is not always the case of workers’ cooperative, in particular those in the Mondragón group in Spain.
27 This is why they are variable capital companies.
28 http://www.entreprises.coop/7-principes-cooperatifs/85-decouvrir-les-cooperatives/quest-ce-quune-cooperative/166.html
29 Reserves are defined, among other things, as being the difference between the assets and liabilities.
30 The SET was set up in 1975. It was then bought out by a German electronics group and then by the Swedish start-up which saw the technology developed by SET as an asset to its own expansion.
31 Which would lead to the creation of equity.
32 By disregarding the regulatory mechanisms of redistribution of the wealth produced such as social security contributions.
33 Although debts are relatively easy to quantify, as they are sums of money that must be repaid, the lack of certainty in relation to evaluating equity is due to the assets, as the liabilities are always equal to the assets.
34 Or sometimes leasing. In this case, the equipment does not even belong to the company and is not listed as an asset.
Reprinted from the ebook
Socialisation and Commons in Europe: Constructing an Alternative Project, edited by transform! europe
Editors: Roberto Morea, Chantal Delma
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French23/05/16
Dans la région de Grenoble, la seule entreprise de fabrication de barquettes en aluminium de France est en liquidation. Ancienne usine du groupe Pechiney, cette entreprise a connu divers propriétaires. Lassés des « repreneurs », ses salariés veulent écrire leur propre histoire et relancer leur entreprise en Scop. Ils ouvrent une campagne de crowfunding sur Ulule pour lever 50 000 euros.
« Ecopla France ». Un vieux panneau noirci par les gaz d’échappement indique la direction de l’usine au bord de la route qui traverse la vallée du Grésivaudan. En temps normal, personne n’aurait fait attention au bâtiment industriel accolé aux flancs de la Chartreuse, à l’entrée du village de Saint-Vincent-de-Mercuze. Mais depuis quelques semaines, des banderoles sont accrochées aux portes grillagées d’ordinaire ouvertes aux ouvriers : « Ecopla France : le savoir faire français » peut-on lire.
La sentence de la liquidation judiciaire est tombée le 22 mars dernier comme un coup de massue pour les 77 salariés de l’usine Ecopla, anciennement connue sous le nom « la CEBAL » une entreprise du groupe Pechiney. Peu de temps a filé entre la cessation d’activité et le redressement judiciaire, devenu liquidation en moins de dix jours. Un coup dur pour cette usine qui, depuis 1960, transforme dans ses entrailles de l’aluminium en barquettes destinées à l’agroalimentaire. Enfin, plutôt pour ses ouvriers… En 2016, Ecopla reste l’un des premiers producteurs de barquettes en aluminium en Europe et la dernière entreprise dépositaire de ce savoir-faire en France. Mais du rachat par un groupe anglais, à celui d’un actionnaire sino-australien millionnaire (Jerry Ren) en passant par la cessation à un fonds de pension américain, le chiffre d’affaires a été divisé par dix en trois ans. Au début de l’année 2016 Ecopla avait certes encore des clients (Brossard, Marie, La Fournée Dorée… ) mais plus de stock ni de matière première, et… aucune nouvelle de leur dirigeant Jerry Ren ! Les délégués du personnel apprennent le 31 décembre dernier que la perte sur l’exercice 2014-2015 s’élève à 3,6 millions d’euros 1 – pour un chiffre d’affaires d’environ 13 millions en 2015 – soit 5,9 millions de pertes en cumulant les déficits précédents.
Depuis moins de six mois les 29 presses et les 250 outils sont à l’arrêt. Mais un petit noyau de personnes occupe les lieux, sous la bienveillance de l’administrateur judiciaire qui permet une présence quotidienne à l’usine. Quatre, puis dix et maintenant presque vingt salariés planchent pour reprendre leur usine sous forme de Scop (Société Coopérative Ouvrière de Production). Il leur suffit presque de ressortir le brouillon des tiroirs car il y a deux ans, certains d’entre eux avaient ébauché un projet du genre, tirant déjà la sonnette d’alarme face aux difficultés financières de leur entreprise. Christophe Chevalier, cheville ouvrière du projet Scop et délégué syndical CGT se souvient : « Cela fait deux ans que je vois que l’usine va mal. Depuis je me bats, avec ceux qui y croient aussi, pour que notre outil de travail reste dans la vallée pour gagner notre vie avec notre savoir-faire, jusque là unique en France. » Le travail est titanesque mais le soutien actif : celui de personnalités telles que la sénatrice de l’Isère Annie David ou le député Pierre Ribeaud mais aussi la communauté de communes Le Grésivaudan, qui s’engage à financer le terrain et le bâtiment pour apporter de la trésorerie au projet. L’Union régionale des Scop (Urscop) encadre la démarche depuis le début, pleine d’espoir. Meryem Yilmaz, responsable création-reprise de l’Urscop, est en charge du dossier : « Ecopla a une place sur le marché. La principale raison qui explique la situation actuelle de l’usine est le manque de stratégie de l’actionnaire qui n’a jamais mis les pieds à Saint-Vincent-de-Mercuze. »
La force du collectif
La suite de l’histoire d’Ecopla ne peut pas s’écrire dans un autre pays: pour les plus anciens salariés investis dans le montage Scop, l’objectif est bien d’éviter la décentralisation, en rappelant sur quel fondement a été créée l’usine en 1960 par Aimé Paquet : « Il valait mieux conduire le travail vers les hommes plutôt que de laisser aller les hommes vers le travail 2 ». Jusqu’à la chute libre, Ecopla faisait partie des 50 premières entreprises de la vallée du Grésivaudan.
Face à des repreneurs italiens, le petit groupe fait alors un appel à tous les salariés en réunion plénière le 5 avril dernier : « Maintien de l’outil de travail et sauvegarde de l’emploi sont nos priorités. Nous actionnerons tous les leviers pour y arriver, avec vous » déclame Karine Salaün, ancienne assistante commerciale pionnière du projet Scop. Une course contre la montre commence à cette date : trouver un manager de transition pour la Scop, rendre visite aux clients pour qu’ils valident leur projet de reprise et trouver les fonds nécessaires pour redémarrer l’activité. Tout en devant gérer une plainte collective pour licenciement abusif.
Les leviers sont notamment participatifs. L’association Les amis d’Ecopla est créée au début du mois de mai pour porter le projet sur la plateforme de financement participatif Ulule.
Réunis pour la première fois en association, le 4 mai dernier, une quinzaine de salariés ont planché sur le montant et l’objectif : « 30 000 ou 50 000 euros ? La Scop TI (ex-Fralib) avait demandé 100 000 en 2014 », « 50 000 : soyons fous, en espérant qu’on ne nous donnera pas des bouquets de pâquerettes ! » Objectif donc ? Atteindre 50 000 euros avant la fin du mois de juin. Après le vote, les ex ou futurs salariés choisissent leur nouveau manager de transition.
À la fin de la réunion, les yeux sont cernés, les mains crispées, mais les visages apaisés. «La route est encore longue, il va nous falloir encore beaucoup d’énergie pour réfléchir aux prochaines actions et mobiliser notre réseau pour la plateforme de crowdfunding, mais au moins… on aura tout essayé » lâche Christophe Chevalier, rarement sous le coup de l’émotion. Le projet Scop finalisé doit être ficelé pour bientôt et remis au Tribunal de commerce qui tranchera avant l’été. D’ici là, les plus motivés vont se rendre sur les marchés alentours, les matins et les week-ends, pour sensibiliser des âmes sur la situation de ce bastion industriel.
Soutien au projet sur Ulule : https://fr.ulule.com/ecopla-veut-devenir-une-scop/
Leur page Facebook : https://www.facebook.com/SCOP-Ecopla-1579617079024806
Association Autogestion
23 mai 2016
http://www.autogestion.asso.fr/?p=6063Clémentine Méténier, Συνεταιριστικό Κίνημα, Ανακτημένες Επιχειρήσεις, 21ος αιώνας – Εργατικός Έλεγχος στη Σύγχρονη Εποχή, Γαλλία, ΕυρώπηTopicΝαιΝαιNoΌχι -
Spanish19/05/16Otra empresa bajo el Control de la Clase Obrera, en Mérida, Venezuela
En Mérida, durante el año 2016, una situación irregular dejó sin trabajo a 172 Trabajadores y trabajadoras, quienes fueron abandonados por los patrones de la empresa Alina Foods. A pesar de las circunstancias, la clase obrera, se organizó y se levantó, recuperando la empresa y poniéndola al servicio del pueblo.
Fueron seis largo meses de custodia, y otros meses más de recuperación, hoy todas las líneas de producción están activas empaquetando productos Snack, pero con propuestas para en un futuro no muy lejano comenzar a trabajar empaquetando productos de la cesta básica (leche, caraotas arroz, etc.)Sin negociación con el empresario, pero organizados, los trabajadores de Alina Foods, demostraron que se puede asumir la producción bajo el control de la Clase Obrera, siempre con el apoyo del Estado Bolivariano y Revolucionario
Ταινίες & Πολυμέσα, Καταλήψεις Χώρων Εργασίας, Ανακτημένες Επιχειρήσεις, 21ος αιώνας – Εργατικός Έλεγχος στη Σύγχρονη Εποχή, Βενεζουέλα, Λατινική ΑμερικήMediahttps://www.youtube.com/embed/FzzpMyjF_BgΝαιΝαιNoΌχι -
English13/05/16It is necessary to encourage all members of society who have an interest in the business’s activity (clients, users, environmental protection associations) to participate in its governing process.
I would like to start by examining the latter of these three notions, first exploring its meaning in the singular sense. The ‘common’ should be understood as a political principle whereby there is no shared accountability without co-participation in the same activity: simply being a member of a specific group (be it a family, a nation, a certain ethnicity, etc.) is not enough. It is this very principle that inspired the backlash against representative democracy seen amongst movements in recent history that have occupied squares (the Indignés movement as well as the Gezi Park and Taksim Square protests, to name but a few). These kinds of movements create a link between the demands of a ‘real democracy’ and those of self-governed ‘commons’ (notably turning urban spaces into living spaces).
On a broader scale, ‘commons’ do not refer to the resources taken in their own right but to the ongoing link that exists between a thing (a natural resource, knowledge, a cultural space) and the activity carried out by the community in charge of managing, maintaining and protecting it. The commons thus allow a space – one that exists beyond the notion of state or private property – to be created that is reserved for collective use and that cannot be appropriated: in this sense, the Common is instituted with a view to being used as such, to the extent that the space itself and the purpose for which it is used should both be removed from all notions of ownership, regardless of its form.
If the political principle that is the commons is to be implemented as part of the governing process for all commons, it is necessary to set ‘socio-professional’ commons apart from commons that are strictly political. While the latter are normally instituted on a purely territorial basis (within a municipality, a region, a country, etc.), socio-professional commons are influenced by the object or place that they take responsibility of. However, regardless of the situation, they are always invariably socio-professional and never purely professional. Strictly professional commons cannot exist due to the implications of the commons’ very existence: the act of pooling resources must incorporate all those who, in one way or another, are affected by the preservation and protection of the object or resource at hand, regardless of strict professional boundaries. A common does not need to operate in the same way as a trade union; it needs to integrate its own link to the ‘society’ (of which it is an integral part) into its organisational structure.
This particularly applies to the institution of businesses. Civil law only defines ‘society’ as a ‘common enterprise’. The time has come to turn this latter notion into action: business itself needs to become part of the commons. To this end, we need to enforce two inseparable requirements: the first is the creation of a democratic element within the business and the second is to forge a relationship between the business and the rest of society.
With regard to the first notion, it is important to set down a general rule: no work task will be executed without the equal participation of everyone in the decision-making process. This rule is nothing but a simple translation of the commons principle into a corporate setting, applying it to the realm of production. Placing added focus on the importance of collective decision-making brings us back to the requirement for a business’s self-governance. Here ‘self-government’ is favoured over ‘self-management’ insofar as ‘self-management’ can imply that effective management is in the hands of people other than those tasked with ‘managing’.
In terms of the second notion, it is necessary to take into account all of a business’s social interactions in such a way as to integrate the effects (both direct and indirect) production has on the rest of society into decision-making processes. It is thus necessary to go beyond the only salaried employees and encourage all members of society who have an interest (in whatever capacity) in the business’s activity (clients, users, environmental protection associations) to participate in its governing process. In this respect, the idea of ‘social property’ is ambivalent in the sense that it may suggest a closed community of paid workers or producers who alone are responsible for making all decisions. Here it would be better to speak of a ‘social appropriation’ to indicate the determination of all those actors involved in propelling the business towards a more social model.
Reprinted from the ebook Socialisation and Commons in Europe: Constructing an Alternative Project by transform! europe, edited by Roberto Morea, Chantal Delma
Pierre Dardot, Κοινωνικά Ωφέλιμη Παραγωγή, Εργατική Αυτοδιαχείριση, 21ος αιώνας – Εργατικός Έλεγχος στη Σύγχρονη ΕποχήTopicΝαιΝαιCurrent DebateΌχι -
Spanish12/05/16Amenazan al sector órdenes judiciales de desalojo judicial, vetos a las expropiaciones, aumentos de tarifas impagables e inversores que buscan comprar las recuperadas a precio vil
Desde Notas dialogamos en exclusiva con Andrés Ruggeri, antropólogo social y miembro del programa Facultad Abierta, que a través del Centro de Documentación de Empresas Recuperadas viene realizando desde el año 2002 una serie de relevamientos de estas empresas a nivel nacional. Según el analista, el cambio de gobierno plantea un escenario cada vez más difícil para las cooperativas y empresas recuperadas (ER)
En el informe de situación que actualmente se está elaborando se constata un crecimiento del número de ER. Desde el último relevamiento, a fines de 2013, hasta marzo de 2016 el número de empresas en manos de los trabajadores ha crecido de 310 a 360. Sin embargo, Ruggeri opina que “ese panorama de crecimiento todavía responde a la dinámica del período kirchnerista anterior”, en lo que hace a los sectores se dan las recuperaciones y a sus características.
El académico explica que, más allá de esta aparente continuidad, “lo que estamos viendo ahora es que hay todo un proceso económico donde la apertura de importaciones, la baja del consumo y el aumento de tarifas están impactando muy fuertemente en toda la economía, en la industria y el trabajo dirigidos al mercado interno”. Y agrega que ese panorama tan complicado impacta en las cooperativas de trabajo y ER “incluso con más fuerza que en las grandes empresas, que quizás tienen más espalda para aguantar”.
Una de las novedades económicas que más fuertemente ha golpeado a las ER ha sido el “sinceramiento” tarifario. Ruggeri ejemplifica con el caso de la cooperativa gráfica Chilavert, una imprenta pequeña de Pompeya, con una docena de trabajadores: “Estaban pagando hasta diciembre 3 mil pesos de luz, mientras que los trabajadores ganaban de entre 8 y 10 mil pesos. La cuenta de luz equivalía a un tercio del salario de un trabajador. Ahora están pagando 10 mil pesos, lo que es como si tuvieran que pagar un sueldo más”.
Esta dinámica también se verifica con empresas medianas y grandes: “Ronicevi, una metalúrgica de Tandil, pasó de 30 mil a 80 mil pesos de luz, lo que prácticamente los funde. El frigorífico Subga pasó de 150 mil a 800 mil pesos, que ya es una bestialidad. Es muy difícil afrontar eso”.
En ese sentido Ruggeri señaló que las diversas organizaciones de empresas recuperadas y cooperativas “están planteando proyectos de ley, amparos y movilizaciones con respecto al tema de la tarifas, que es lo primero que se siente, el primer impacto fuerte, porque va directamente a las condiciones de producción”.
Este esquema económico, que ofrece más beneficios para la especulación financiera que para la inversión productiva, puede presentar al vaciamiento de empresas como una alternativa rentable para los empresarios. Sin embargo, Ruggeri distingue casos como el del periódico “Tiempo Argentino”, recientemente recuperado por sus trabajadores, donde “un empresario supuestamente compañero cuando no tuvo más la pauta publicitaria estatal directamente dejó todo en banda”, de casos directamente vinculados con la especulación financiera: “Los empresarios, especialmente de medianos para arriba, perfectamente pueden decir que ahora es más rentable comprar Lebacs, o hacer cualquier otra timba, que producir”.
En cuanto a las diferencias de políticas públicas para las ER entre la gestión anterior y la actual, Ruggeri opina: “Nosotros siempre tuvimos una visión crítica sobre la política estatal hacia las empresas recuperadas durante el kirchnerismo, que si bien existía y tenía toda una serie de programas y de subsidios -a veces importantes-, no tenía una unidad, no pensaba al sector autogestionado como un sector económico. Pero había un interlocutor estatal para cuando se presentaban dificultades. Ahora ese interlocutor desapareció”.
Y continúa explicando que la desaparición de programas estatales para ayudar a las ER es la primera demostración de esa falta de voluntad política: “El programa Trabajo Autogestionado, del Ministerio de Trabajo, tenía varias líneas. Una de ellas, llamada Línea uno, financiaba una parte de los salarios de las empresas recuperadas que se declaraban en crisis o que estaban en problemas. Ahora eso no está vigente. No desapareció, pero en la práctica no existe. El programa no se cerró, no hubo despidos, pero no tiene funciones, no tiene nada que hacer”.
Ruggeri enumera otros aspectos de la nueva etapa política que hacen especialmente difícil el escenario para las ER: “Hay tres cosas que están pasando, que tenemos identificadas. Una tiene que ver con una nueva agresividad judicial. Esto es lo que está pasando en todos lados. Ahora la Policía se siente en libertad para apretar a los pibes y para hacer un montón de cosas y lo mismo pasa con los jueces que intervienen en los casos de ER: están agresivos. Por ejemplo, hace 15 días en La Litoraleña -una empresa ocupada pero en producción- apareció el estafador, el vaciador, con el síndico y la Policía para mostrarle la fábrica a un supuesto inversor. Es decir, se hizo un allanamiento para mostrarle la fábrica ocupada a un inversor que la iba a comprar. Eso no había pasado nunca. Y es una muestra del poder”.
Esa agresividad judicial, que implica numerosas amenazas de desalojo en curso, se conjuga con señales negativas “claras” por parte del Gobierno: “Los planteos de expropiación se tramitan generalmente a través de los gobiernos provinciales, de sus Legislaturas. En la Ciudad de Buenos Aires Macri vetó sistemáticamente las leyes de expropiación a favor de las empresas recuperadas y Larreta ya hizo lo mismo con la primera que le llegó, la de La Robla. Por su parte, Vidal ya vetó tres, entre ellas Petinari acoplados”.
Esas políticas gubernmentales, a nivel nacional y de las provincias, se combinan, según Ruggeri, “con la hipocresía que los caracteriza”: “Te reciben y te dicen “Sí, muchachos, vamos a hacer muchas cosas”, pero al final no se hace nada. Los diputados provinciales del PRO votan las expropiaciones para que después Vidal las vete. Eso es algo que también hacía Macri. Las leyes de expropiación entraban en esos canjes que la oposición porteña hacía con el oficialismo, votándole algo a favor para que el PRO para que sus legisladores levantaran la mano por alguna ley de expropiación, pero Macri luego terminaba vetando. Que es lo mismo que hace Vidal ahora”.
Finalmente, existe tercer elemento que caracteriza al preocupante escenario actual de las ER: “Están apareciendo inversores, que no se sabe de dónde salen, con intenciones de comprar ER en dificultades. Ya hubo un par de casos. Y eso genera conflictos internos en las empresas, ya que aparecen sectores de trabajadores interesados en la venta, que piensan que les va a tocar una cantidad de dinero. Hay rumores de dinero que está dando vueltas en busca de eso. No para traer inversores que hagan funcionar la empresa sino para liquidarla en función de algún negocio inmobiliario”.
“Entonces esas circunstancias económicas que tornan difícil hacer funcionar una empresa -concluye Ruggeri-, combinadas con la agresividad de los jueces, los vetos y ese tipo de cosas, plantean un panorama bastante difícil y complejo para las empresas recuperadas”.
Andrés Ruggeri, Αργεντινή, eviction order, new context, Notas.org.ar, Ανακτημένες Επιχειρήσεις, utilities rate rise, veto, 21ος αιώνας – Εργατικός Έλεγχος στη Σύγχρονη Εποχή, Λατινική ΑμερικήAuthorsΝαιΝαιCurrent DebateΝαι -
French07/05/161922 - 1997
Cornelius Castoriadis était un philosophe, économiste et psychanalyste franco-grec. Il a été l’auteur de L’Institution Imaginaire de la Société et le co-fondateur (avec Claude Lefort) du groupe Socialisme ou Barbarie.
Ses écrits sur l’autonomie et les institutions sociales ont été influentes tant auprès des cercles militants que des milieux universitaires. Ce qui a distingué Socialisme et Barbarie d’autres groupes révolutionnaires était que le socialisme ne signifiait pas le pouvoir à un « parti dirigeant » mais la gestion par les travailleurs de la production et de la société.
En développant son concept de « capitalisme bureaucratique », Castoriadis affirmait que la lutte principale était devenue celle des « exécutants » ou « preneurs d’ordres » contre les « directeurs » ou « donneurs d’ordres ». Selon lui, la résistance à cette évolution s’exprimait dorénavant par le développement au travail de groupes informels qui encouragent une tendance à l’action autonome qui pourrait servir de base à la transformation de la société. Avec le développement de la bureaucratie managériale dans les entreprises d’État ou privées, avec les syndicats intégrés du haut vers le bas qui ont remplacé le capital privé en tant que figure distinctive du capitalisme, ceux qui réalisent les tâches de la production sont encouragés à participer et à montrer du dynamisme. Cependant, dans le même temps, le management estime qu’il doit combattre les prises de décision de la part des exécutants. À partir de l’expérience de la révolution hongroise, Castoriadis a développé sa pensée sur la façon dont une société autogérée doit fonctionner. Encore aujourd’hui, Le Contenu du socialisme reste un ouvrage de référence pour les socialistes libertaires.
En 1967, Socialisme ou Barbarie est dissout, mais ses idées phares ont continué à gagner du terrain permettant aux étudiants de faire de Mai 68 la plus grande grève générale que la France n’ait jamais connue. Les appels à l’autogestion dans les universités et les entreprises font écho à son manifeste de 1949, « Socialisme ou barbarie » et nous rappellent le dernier texte de Socialisme ou Barbarie, « Le Pouvoir de l’imaginaire ».
Pour en savoir plus :
Archives en français des Marxists Internet Archives
https://www.marxists.org/francais/general/castoriadis/index.htm
Le site Cornelius Castoriadis / Agora International
http://www.agorainternational.org/fr/index.html
Autogestion et hiérarchie – Cornélius Castoriadis – 1979
http://www.autogestion.asso.fr/?p=1995TheoristsΝαιΝαιNoΌχι -
Portuguese, Portugal06/05/16Volume 2
Neste segundo volume do livro Questão agrária, cooperação e agroecologia, escrevemos alguns capítulos, convidamos especialistas e membros de movimentos sociais para refletir sobre estas questões e temas relacionados. O livro faz parte de um projeto de ensino, pesquisa e extensão de uma chamada do CNPq, com recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), em parceria com a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), especialmente para oferecer um Curso Técnico em Agroecologia para jovens assentados do Estado de São Paulo, construído em parceria com o MST de São Paulo.
Edital n° 19/2014 – Fortalecimento da Juventude Rural (MCTI/MDA-INCRA/ CNPq/SNJ)
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desse livro pode ser utilizada ou reproduzida sem a autorização da editora.
1ª edição: março de 2016
OUTRAS EXPRESSÕES Rua Abolição, 201 – Bela Vista CEP 01319-010 – São Paulo – SP Fone: (11) 3522-7516 / 4063-4189 / 3105-9500 editora.expressaopopular.com.br livraria@expressaopopular.com.br www.facebook.com/ed.expressaopopular
Q5 Questão agrária, cooperação e agroecologia./ Ângelo Diogo Mazin, Henrique Novaes João Henrique Pires [e] Joice Aparecida Lopes (organizadores).— 1.ed.—São Paulo : Outras Expressões, 2016. 496 p.
Edição bilíngüe português - espanhol.
Indexado em GeoDados – http://www.geodados.uem.br. ISBN 978-85-64421-97-4.
1. Questão agrária. 2. Cooperação. 3. Agroecologia. 4. Questão agrária – Brasil. I. Lopes, Joice Aparecida, org. II. Novaes, Henrique, org. III. Pires, João Henrique , org. IV. Título.
Agroecology, agroecosystems, Ângelo Diogo Mazin, Brazil, Cooperation, Democratic Revolution, Henrique Novaes, João Henrique Pires, Joice Aparecida Lopes, Land Question, sustainable agriculture, The Land Question in Brazil, ΒραζιλίαAuthorsΝαιΝαιCurrent DebateΝαι -
Portuguese, Portugal06/05/16Volume 1
Neste livro, reunimos capítulos de membros destes grupos de pesquisa e convidados especialistas em questão agrária, cooperação e agroecologia e temas relacionados a eles, como juventude rural, gênero, extensão rural, trabalho, fome e educação, dentre outros. O livro faz parte de um projeto de ensino, pesquisa e extensão de uma chamada do CNPq, com recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), em parceria com a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), especialmente para oferecer um Curso Técnico em Agroecologia para os jovens assentados do Estado de São Paulo, construído em parceria com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) de São Paulo
Edital n° 19/2014 – Fortalecimento da Juventude Rural (MCTI/MDA-INCRA/ CNPq/SNJ)
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desse livro pode ser utilizada ou reproduzida sem a autorização da editora.
1ª edição: julho de 2015
OUTRAS EXPRESSÕES Rua Abolição, 201 – Bela Vista CEP 01319-010 – São Paulo – SP Fone: (11) 3522-7516 / 4063-4189 / 3105-9500 editora.expressaopopular.com.br livraria@expressaopopular.com.br www.facebook.com/ed.expressaopopular
Q5 Questão agrária, cooperação e agroecologia./ Henrique Novaes, Ângelo Diogo Mazin [e] Laís Santos (organizadores).— 1.ed.—São Paulo : Outras Expressões, 2015. 408 p. Indexado em GeoDados – http://www.geodados.uem.br. ISBN 978-85-64421-85-1 1. Questão agrária. 2. Cooperação. 3. Agroecologia. 4. Questão agrária – Brasil. I. Novaes, Henrique, org. II. Mazin, Ângelo, org. III. Santos, Laís, org. IV. Título.
Agroecology, agroecosystems, Ângelo Diogo Mazin, Brazil, Cooperation, Democratic Revolution, Henrique Novaes, Lais Santos, Land Question, sustainable agriculture, The Land Question in Brazil, ΒραζιλίαTopicΝαιΝαιCurrent DebateΝαι
