El titular del juzgado Civil y Comercial Nº 14, Marcelo Quaglia, que interviene en la quiebra del ex supermercado Tigre, realizó ayer una inspección en el inmueble donde funciona desde hace 15 años el Centro Cultural La Toma. La medida fue solicitada por la Cooperativa de Trabajadores en Lucha para que el magistrado acredite la utilidad y función social del espacio, cuando tome una decisión sobre el destino del lugar. "Esto no fue una recuperación de una empresa, siempre fue un establecimiento puesto a funcionar en manos obreras, con un criterio distinto, no con la voracidad del lucro que caracteriza a los empresarios, si no anteponiendo la solidaridad y con los valores que tienen que ver con lo colectivo", señaló Carlos Ghioldi, presidente de la Cooperativa, quien ponderó que por primera vez un juez visite el lugar.

El magistrado recorrió el espacio ubicado en Tucumán al 1300 donde funcionan un mercado popular, un comedor universitario, la subsecretaría de Economía Social municipal, y que alberga a más de 30 organizaciones sociales y donde tienen sus sedes varios sindicatos. Allí lo estaban esperando miembros de la Cooperativa y de la sindicatura. No participaron de la inspección los representantes del fondo Seguros de Depósito SA (Sedesa), a quienes les fue cedido el crédito garantizado con la hipoteca del Banco Finansur --el acreedor original--, que pretenden llevar el inmueble a remate.

Acompañado por su secretaria, el juez Quaglia mantuvo primero una reunión con los representantes de la Cooperativa y de la sindicatura para explicarles cómo iba a realizar la inspección. Luego, todos salieron a recorrer el primer piso de La Toma, cuya expropiación fue aprobada por ley en 2004 y en 2009. Primero fueron a conocer la sede rosarina de la Red Experimenta, un espacio para potenciar el crecimiento de proyectos basados en un modelo colaborativo.

Después fue el turno del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), una Ong compuesta por un equipo interdisciplinario especializado en la defensa y promoción de los derechos humanos de mujeres y niñas, donde le explicaron al juez las tareas que desempeñan y además le obsequiaron algunos libros. También se cruzó con Pablo Juncos, secretario General de la CTA de los Trabajadores, que tiene allí su sede y donde desarrollan tareas de capacitación. Seguidamente recorrieron el Comedor Universitario, y un integrante del Movimiento de Acción Solidaria, que entregan raciones de comida a chicos de la calle, le contó la experiencia.

"Hace 15 años que luchamos por los puestos de trabajo, poniendo el establecimiento al servicio de la comunidad y de los sectores populares, y por primera vez un juez se acerca a este lugar a hacer un relevamiento, una especie de inventario social. Mientras algunos creen que los papeles y la especulación transforman a los lugares en chatarra que pueda ser ejecutada, en estos 15 años nos dedicamos a buscar soluciones al problema del trabajo de cada uno de nosotros", planteó Ghioldi.

El abogado de la Cooperativa, Juan Lewis, dijo que cualquiera sea la resolución que se tome "tiene que contemplar necesariamente la utilidad pública que acá se está desplegando". El ex ministro de Justicia dijo a Rosario/12 que la visita del juez genera expectativas: "Vemos con muy buenos ojos que judicialmente se haga lugar a una medida de este tipo, porque implica la posibilidad de contemplar algo que está más allá de la mera ponderación económica de todo el problema".

"El Poder Judicial respondió al pedido de algunos actores que tienen comprados los derechos de una hipoteca que hubiera tenido el lugar desde hace 23 años atrás y que estaría en litigio. Exigen el desalojo del lugar y un sector del Poder Judicial empieza a darle espacio a ese reclamo" , afirma Carlos Ghioldi de La Toma (Rosario) y Secretario Gremial de la CTA (T) en esta entrevista de Mario Hernandez

“Lo importante es que salga un elemento legal que impida que cada tanto, de acuerdo al humor de algún juez, ustedes estén en peligro”
Ernesto Cardenal en oportunidad de visitar La Toma

M.H.: Las compañeras de La Toma recibieron un reconocimiento de parte del gobernador de la provincia de Santa Fe.

C.G.: Sí, les otorgó el premio Virgina Bolten por la lucha de las mujeres trabajadoras. Nuestras compañeras recibieron el reconocimiento y el conjunto de La Toma también, por haber impulsado una Ordenanza y una Ley de creación de espacios libres de violencia de género en la ciudad de Rosario. Fue iniciativa de estas compañeras que La Toma se declarara como local libre de violencia de género y se hicieron calcomanías para pegar en lugares que se identificaran como tales.

M.H.: Llama la atención en un momento en el que La Toma vuelve a estar en el centro del escenario judicial. El próximo lunes 14 ustedes están convocando a un plenario en relación a una nueva situación generada por la justicia de la provincia de Santa Fe.

C.G.: El Poder Judicial respondió al pedido de algunos actores que tienen comprados los derechos de una hipoteca que hubiera tenido el lugar desde hace 23 años atrás y que estaría en litigio. Exigen el desalojo del lugar y un sector del Poder Judicial empieza a darle espacio a ese reclamo. Ante esa circunstancia, los trabajadores hace 14 años iniciamos un plan de lucha en defensa de los puestos de trabajo, que nos llevó a la ocupación del establecimiento, poniendo el lugar al servicio de otros sectores populares, lo que terminó involucrando a una treintena de organizaciones e instituciones como la Universidad y el Municipio de la Ciudad de Rosario que tienen dependencias funcionando en La Toma, entre otras.
Este sector del Poder Judicial nos agrede, intenta avanzar y nosotros convocamos a una asamblea popular, con todas las demás organizaciones que estamos allí adentro para organizar un plan de lucha y resistencia que va a definir que no vamos a ceder el lugar, que vamos a defender hasta las últimas consecuencias lo logrado y que llamamos a las demás organizaciones populares a ocupar más el establecimiento, a darle una actividad militante para que se pueda resistir a esta agresión de este Poder Judicial que sabemos que tiene objetivos, pero que tiene tiempos muy largos, porque puede dejar un expediente abierto durante 14 años como es este caso.
Por último, nosotros vamos a adoptar un pedido, que de una vez por todas nos den una solución definitiva que impida que estos sectores recurrentemente, cuando olfatean algún aire político propicio, intenten agredir con el desalojo. Esa es la situación. Por eso convocamos a todas las organizaciones populares a esta asamblea el lunes para acompañar la lucha que iniciaremos desde allí.

M.H.: En dos oportunidades la Legislatura de la provincia falló a favor de los trabajadores de La Toma, sin embargo, cada tanto este Poder Judicial al que hacías referencia, interviene con algún tema tratando de cuestionar la actitud asumida hace 14 años. Me gustaría que recordaras cómo actuó la Legislatura de la provincia de Santa Fe respecto de lo que fuera la situación de La Toma por la ocupación de sus trabajadores y los distintos momentos en que ha intervenido la justicia intentando desconocer a este otro poder de la Nación respecto de la situación que atraviesan ustedes.

C.G.: Nosotros comenzamos la lucha en el año 2001, estos mismos jueces nos quisieron desalojar y ante esa circunstancia, a través de las gestiones del que era en aquel momento Secretario de la Presidencia, Parrili, el gobierno y la Legislatura de la provincia Santa Fe intervienen, sancionan una Ley de expropiación en el 2004 que impide el desalojo, ley que tiene fundamento en la continuidad de los puestos de trabajo, que es cuestionada al tiempo por el Poder Judicial porque plantean que lo que hacíamos los trabajadores no garantizaba la continuidad del establecimiento.
En el 2008, el entonces senador provincial Juan Carlos Zabalza del Partido Socialista, toma nuestro argumento y redacta junto a nosotros una Ley que sostiene que estamos haciendo un servicio social, poniendo el lugar al servicio de la comunidad y las organizaciones populares. Que es cierto que no hay una continuidad económica viable, pero que viables son los negocios y no los trabajadores que pelean por un puesto de trabajo y se ponen al servicio de la actividad pública.
Con esos fundamentos se sanciona la ley 12.934 que es la de expropiación del año 2008/09. La justicia primero intenta declararla inconstitucional y luego la cuestiona por problemas económicos. Eso quedó abierto y es de lo que ahora se agarra este sector que intenta el desalojo, aparentemente con alguna palanca de la administración nacional.
Hoy, a partir de la movilización de los trabajadores, el Consejo municipal de Rosario, con el voto unánime de todos sus bloques, saca una resolución el jueves pasado en defensa de La Toma y a favor de su continuidad. Se han presentado ya los proyectos nuevos de expropiación en la Legislatura de Santa Fe, uno del bloque justicialista y uno del oficialista. Nosotros saludamos todas estas iniciativas y consideramos que es momento de profundizar la movilización de todos los sectores populares. Tenemos que decir que el Secretario General del sindicato judicial que encabeza el Movimiento Sindical rosarino, ha asumido la defensa del lugar, hemos tenido importantes reuniones con los trabajadores judiciales tratando de hacer fuerza dentro del sector judicial para que se termine esta agresión. Esto hace que seamos optimistas, porque si se desarrolla una importante movilización popular es factible que este sector ligado al aparato judicial, cambie su actitud y lo vea como una solución definitiva. Como dijo el poeta Ernesto Cardenal cuando vino a La Toma: “no sé si les darán una Ley de expropiación, una Ley de consignación, si los declararán una empresa socialista como en Venezuela o patrimonio de la humanidad. Lo importante es que salga un elemento legal que impida que cada tanto, de acuerdo al humor de algún juez, ustedes estén en peligro”. Esa es nuestra idea para llevar adelante un plan de lucha acompañados por todos los sectores populares a quienes invitamos.

M.H.: ¿Qué actividad se va a desarrollar el próximo lunes 14?

C.G.: El lunes hacemos la asamblea pública y pondremos en consideración el plan de lucha que tiene que ver con la situación judicial, la ocupación del lugar y con el pedido de un corte definitivo a estas agresiones. Tenemos que ir trabajando a partir de esto y definir cuáles serán las acciones que llevaremos adelante.

Au lendemain de la révolution russe, les militants communistes s’interrogent sur la place à donner aux coopératives avant et après la révolution espérée, notamment ceux des pays capitalistes développés qui connaissent une longue tradition coopérative. La toute nouvelle Internationale communiste, fondée en, 1919  à Moscou, sera le lieu de cette confrontation. Cependant, la relation du mouvement communiste face au mouvement coopératif n’a pas été de soi et a souvent été marquée par la méfiance voire l’hostilité.

 Dans le Bulletin communiste « organe [en langue française] du comité de la Troisième internationale » du 27 mai 1920, Miasnikov ¹ publie un article sur La dictature du prolétariat et les coopératives. Il rappelle, après avoir dénoncé la politique de capitulation des mencheviques, que dès 1907, les bolcheviques de Moscou et Petrograd se battaient pour que « les magasins et les boulangeries soient organisés par les organes officiels des villes pour le bien commun et placés sous le contrôle de représentants ouvriers ». Dans des usines des résolutions votées indiquaient alors que « bien que nous reconnaissions que l’affermissement du mouvement politique soit la tâche principale du moment, nous mettons en garde contre l’emballement pour les coopératives de consommation. Nous sommes contre leur fondation dans des endroits où il n’y a pas de mouvement de masse en leur faveur ». Selon Miasnikov, le mouvement coopératif d’avant 1917 était en fait « la dernière forteresse de la réaction » et qu’il convenait par conséquent de le subordonner au nouveau pouvoir soviétique. C’est la lecture qu’il fait du décret du 11 avril 1918 que Lénine évoque plus haut. Cependant il reconnaît qu’il fallait trouver un « modus vivendi pour les organes coopératifs » car « avant tout un organe si fort et si éprouvé de la répartition des biens économiques tel que les coopératives de consommation devaient être nécessairement utilisées pour la reconstruction socialiste du pays ». Il se félicite du décret 20 mars 1919, qui selon lui, procède à « l’incorporation du mouvement coopératif aux institutions officielles prolétariennes générales » même s’il persiste à caractériser les coopératives comme la troisième forme du mouvement ouvrier aux côtés des syndicats et des partis.

Deux mois plus tard, le Bulletin communiste publie un autre article sur Les Coopératives de consommation signé Krestinsky ². Dans son historique du mouvement coopératif, Krestinsky constate qu’avant la révolution de Février, les coopératives étaient dominées par la petit-bourgeoisie qui y trouvait un moyen de survivre économiquement et qu’après la révolution de Février, elles se rangent aux côtés du gouvernement provisoire. En dépit de ces limites (quoique qu’il pointe l’existence limitée de coopératives ouvrières indépendantes), il conclut que les coopératives sont devenues « une force » que l’on ne pouvait pas ignorer au lendemain de la révolution d’Octobre et « c’est pourquoi, malgré l’hostilité qui s’était créée entre nous et les couches supérieures de la coopération, nous n’avons pas hésité à préférer l’appareil de la coopération à celui du commerce privé » ajoute-t-il. Revenant sur le décret d’avril 1918, qu’il reconnaît être un compromis, il note que celui-ci interdit aux coopératives d’élire dans leur conseil d’administration des commerçants ou des dirigeants d’entreprises privées et que celles-ci sont exemptées de l’impôt sur les sociétés car il « était important pour nous que la coopération cessât d’être le regroupement libre d’un nombre relativement faible d’individus. Nous voulions arriver à ce qu’elle embrassait toute la population de la Russie soviétiste ». Après ce décret, les coopératives restent donc indépendantes de l’État et entretiennent avec lui des relations contractuelles relatives à l’approvisionnement. Leur adhésion n’est pas obligatoire mais elles doivent desservir toute la population. Le numéro 25 du Bulletin communiste du 16 juin 1921 revient encore sur la question des coopératives et publie un article sur Le pouvoir des soviets et les coopératives signé Kramarov. Celui-ci comme les contributeurs précédant soulignent l’importance du mouvement coopératif, mais qui en raison de son hostilité à l’égard pouvoir des soviets, devait être mis « hors d’état de nuire politiquement ». Pourtant, malgré cet objectif, constate Kramarov, « il a fallu faire des coopératives un des principaux points d’appui du régime ». Quoique qualifiées de contre-révolutionnaires, il explique qu’ « elles ont reçu la charge de repartir parmi la population les entrées alimentaires… ».

Au  3e congrès de l’Internationale communiste (1921), le congrès vote des « Thèses sur l’action des communistes dans les coopératives ». Les coopératives existantes dans les pays capitalistes y sont considérées comme « subordonnées à la politique de la bourgeoisie impérialiste », dépendance dissimulée derrière leur « apolitisme » et leur « réformisme ». Par conséquent, elles ne peuvent « à aucun  degré servir les buts révolutionnaires du prolétariat ». « Seule la coopérative ouvrière dans les villes et dans les campagnes » peut se ranger au côté du prolétariat. En dépit de ces sévères caractérisations, les thèses préconisent que les communistes fassent « de la coopération un instrument de lutte de classe pour la révolution sans détacher les diverses coopératives de leur groupement central (souligné par nous) ». Outre l’activité générale des communistes dans le mouvement coopératif, le point 5 des Thèses recommande de « créer des relations non seulement de pensée, d’organisation, mais encore d’affaires entre les coopératives ouvrières de différents pays ». Le point 7 conclut que les communistes doivent « doivent continuer de travailler énergiquement à propager l’idée de la coopération, des groupements de coopératives, en un instrument de lutte de classes et à forme un front unique ouvrier avec les syndicats révolutionnaires ».  Le congrès décide de créer une section coopérative dans l’Internationale pour coordonner les activités dans différents pays et notamment « mener la lutte pour la remise aux coopératives de la répartition des vivres et des objets de consommation dans tout État (souligné par nous)» et dernier point conclusif « favoriser l’établissement de rapports commerciaux et financiers internationaux entre coopératives ouvrières et organiser leur production commune ». En 1922, à la veille du 4e congrès de l’IC, une conférence de six jours « des coopérateurs communistes » de 20 pays différents est organisée début novembre 1922. V.N. Meshcheriakov, communiste russe, est rapporteur de la « section coopérative » de l’IC. Il constate en ouverture que « le mouvement coopératif est une des plus puissantes formes du mouvement ouvrier… ». Cependant, la coopération était restée sur le terrain économique et par conséquent « n’attirait pas l’attention des éléments révolutionnaires », une situation « fort bien exploitée par les social-traites de toutes nuances et tout acabit ». L’expérience de la révolution d’Octobre illustre selon lui les conséquences de cette inattention. Le parti bolchevique a négligé la question des coopératives considérant la direction de ce secteur comme petite-bourgeoise. Cette erreur a eu comme conséquence, au moment de la guerre civile, de laisser le secteur coopératif aux mains de forces contre-révolutionnaires et ainsi de faciliter le sabotage de la production et de la distribution. Sur la base de l’expérience russe, le congrès mondial devait donc recommander que chaque parti communiste implante des cellules dans les coopératives de leur pays afin de les orienter sur la ligne de leur parti. Le contrôle des coopératives, avant toute transformation révolutionnaire, était selon lui indispensable : voilà ce que l’expérience russe enseignait.

En effet le prolétariat « n’ayant pas mis, préalablement [à la révolution]  la main sur la coopération » le nouveau pouvoir soviétique  connaît d’énormes difficultés à organiser l’organisation de l’approvisionnement et de l’échange. « Or la main mise sur la coopération ne peut se produire en un seul coup ». Il faut donc que, dès maintenant et bien avant la prise du pouvoir, les communistes « s’emparent[nt] de cette citadelle ». Mais le mouvement communiste international ne se préoccupe pas assez de cette question notamment en France où « tout y va de la débandade ».  La plupart des membres du PCF ne sont pas membres de coopératives et ceux qui y sont engagés mènent des orientations contradictoires. En Allemagne, par contre souligne le rapporteur, le parti est réellement investi dans les coopératives. Il édite Le coopérateur communiste dédié à cette question et plus généralement sa presse, contrairement à l’Humanité, publie de nombreux suppléments sur les coopératives. Pour Meshcheriakov, le renforcement de l’activité dans le mouvement coopératif passe par le développement de la section coopérative de l’Internationale et la coordination de ses sections nationales entre deux conférences internationales.

Une discorde française

À l’issue du rapport, le délégué français Lauridan ³ prend la parole pour défendre l’activité du PCF dans le mouvement coopératif et souligne le caractère trop général de la résolution proposée qui n’aborde pas la question des coopératives de production. Il ajoute, après de nombreuses considérations sur le mouvement coopératif qui s’apparentent à des précautions oratoires, que dans le nord de la France, les communistes sont investis et même majoritaires dans les coopératives à Tourcoing, Halluin ou Marcq-en-Barœul. À Roubaix, ils animent une coopérative dissidente des « réformistes », propriétaire de « 1 000 mètres carrés, de fours de boulangerie, d’un magasin de charbon, de café et de salle de réunion et de musique ». Il insiste sur l’existence  des coopératives agricoles « syndicats de petits fermiers, des métayers qui s’assemblent parfois avec des petits propriétaires » et « entrer dans ces coopératives est une nécessité » car « parce que dans ces instants de la vie en commun peut faire pénétrer dans le cerveau individualiste des paysans cette idée d’une société nouvelle qui doit faire disparaître d’individualisme de la société actuelle ». Concernant les coopératives de production qu’il condamne comme illusoires, il mentionne cependant la coopérative de tissus « La solidarité ouvrière » qui existe depuis des années à Tourcoing.  Enfin il aborde la question des coopératives de reconstruction dans une région dévastée par la guerre et en défend l’idée car « on doit parler de la socialisation des logements : on peut trouver une formule qui empêche les ouvriers locataires de se dresser contre les ouvriers propriétaires de bicoques ».

En contre-point de cette intervention,  Arthur Henriet ⁴, un autre délégué français,  s’insurge contre les dangers que font courir les coopératives de production où « les camarades qui s’en occupent sont presque totalement perdus pour la cause révolutionnaire ». Il dénonce le « rêve » de Charles Gide même s’il reconnaît que « la valeur des coopératives est indiscutable ». Mais elles ne peuvent déployer toute leur force qu’après la révolution. Ainsi par exemple « la NEP que l’on aurait peut-être pu éviter si au lieu d’être obligés de détruire la coopération dont on n’avait pas compris le rôle dans l’organisation sociale, on avait su se servir de cette coopération » : les véritables tâches de la coopération étant alors renvoyées après la rupture révolutionnaire. En effet celles-ci ne peuvent pas vraiment jouer un rôle dans la transformation sociale mais sont essentielles en tant que nouveaux organes de gestion post-révolution. D’où l’importance pour les communistes d’y être présents et de les contrôler. On devine derrière ce bref échange dont rend compte le Bulletin communiste que des débats agitent alors le PCF sur la question des coopératives. Il serait utile d’y revenir plus en détail.

Tous ces débats et ces pratiques qui ont agité les années 1917-1924 sur la question des coopératives restent une source de réflexion pour les autogestionnaires. On ne bâtit rien sur rien.

Η ακόλουθη αναδρομή στην ιστορία του αγροτικού συνεργατισμού και της εργατικής συμμετοχής φέρνει στην επιφάνεια μια ποικιλία μη καπιταλιστικών, εν μέρει, διαδικασιών συλλογικής αυτοδιαχείρισης που λειτούργησαν και λειτουργούν παράλληλα με μια οικονομία της αγοράς η οποία τελεί υπό την κυριαρχία του κράτους και περιλαμβάνει ένα πλήθος μικρών επιχειρήσεων, μια υπο-αναπτυγμένη βιομηχανική παραγωγή και ένα μεγάλο τομέα υπηρεσιών (στο εμπόριο, τον τουρισμό, τα χρηματοοικονομικά κ.ο.κ. (Αγγελίδης 2007, Μηλιός 2013). Στηριζόμενοι στην εποικοδομητική κριτική του «κεφαλαιο-κεντρισμού» που διατύπωσαν οι Gibson-Graham (2006), διαγράφουμε εδώ το ιστορικό περίγραμμα μιας ετερογενούς οικονομίας που δεν υπάγεται πλήρως σε καμία ενιαία λογική, δύναμη ή κυρίαρχη δομή. Ανάκατα μείγματα οικονομικών πρακτικών, συγκρουόμενων πολιτικών κοινωνικής συνεργασίας και ηθικής της αλληλεγγύης, μοναδικές, εύθραυστες πρωτοβουλίες αυτοδιαχείρισης αποκαλύπτουν στιγμές έντασης, ανοικτότητας και ποικιλομορφίας σε έναν ηγεμονικό κρατικό-καπιταλιστικό σχηματισμό που διέπεται από άλλους καθορισμούς. Η ανάλυση αυτή μας δείχνει –και αυτό είναι το κρισιμότερο σημείο- ότι αν αρχίσουμε να βλέπουμε τις εναλλακτικές δραστηριότητες και διαστάσεις ως διάχυτες, βιώσιμες και με διάρκεια στον χρόνο «μπορεί να υποκινηθούμε εδώ και τώρα να κτίσουμε ενεργά επάνω τους για να μετασχηματίσουμε τις τοπικές μας οικονομίες» (Gibson-Graham 2006, xxiv). «Οι μελλοντικές δυνατότητες γίνονται πιο βιώσιμες αν δούμε ότι υπάρχουν ήδη, αλλά υπό το φως μιας διαφορετικής φαντασίας» (ε.α. xxxi).

α. Συνεταιρισμοί

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί βρίσκονται στην καρδιά της παραγωγικής δραστηριότητας όπου αναπτύχθηκε και επεκτάθηκε η κοινωνική συνεργασία και η εργατική αυτοδιαχείριση στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Ενώσεις για την από κοινού εκτροφή και διάθεση αμνοεριφίων –τα λεγόμενα «τσελιγγάτα» ή «κοινάτα»- υπήρχαν για πολλούς αιώνες πριν την ίδρυση του νεότερου ελληνικού κράτους. Ένας από τους πρώτους, ίσως, στον κόσμο βιομηχανικός-γεωργικός συνεταιρισμός ιδρύθηκε στα Αμελάκια για την επεξεργασία και την βαφή νημάτων με κόκκινο χρώμα που παρήγαγαν από το φυτό ριζάρι (Young 1984, Νασιούλας 2012, 156). Η ψήφιση του πρώτου νόμου για τους συνεταιρισμούς το 1915 σηματοδότησε το ξεκίνημα ενός μεγάλου αγροτικού συνεταιριστικού κινήματος. Την πρώτη δεκαετία που ακολούθησε, οι προσπάθειες των πρώτων αγροτικών και αστικών συνεταιρισμών, με την αρωγή επιφανών υποστηρικτών των συνεταιρισμών την εποχή εκείνη, οδήγησε στη δημιουργία 2500 πρωτοβάθμιων αγροτικών συνεταιρισμών, οι περισσότεροι από τους οποίους εξασφάλιζαν πιστώσεις για να αντιμετωπιστεί η μάστιγα των τοκογλύφων που κατέστρεφε τους απλούς αγρότες (Καμενίδης 1996, 138; Kρουσταλλάκη-Μπεβεράτου 1990, 125, 130-131).

Oι μεταπτώσεις του αγροτικού συνεργατισμού από τότε αντανακλούν ιστορικές αναταραχές, πολιτικές παρεμβάσεις, ακατάλληλα νομικά πλαίσια και την έλλειψη εσωτερικής συνοχής και στράτευσης από τα μέλη του (Παπαγεωργίου 2010, 34). Ωστόσο, ο αριθμός των πρωτοβάθμιων τοπικών ενώσεων κυμάνθηκε μεταξύ 5000 και 7000 καθόλη αυτή την περίοδο, με τη συμμετοχή 500 000 ως 750 000 αγροτών κατά μέσο όρο (ΠΑΣΕΓΕΣ 2013; Young 1984; Kαμενίδης 1996, 138). Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί επισκίασαν κάθε άλλο είδος συνεταιριστικής δραστηριότητας  στην κοινωνική οικονομία της σύγχρονης Ελλάδας, αντιπροσωπεύοντας το 90% περίπου όλων των συναφών δραστηριοτήτων (Young 1984). Στη Μεταπολίτευση, οι πρωτοβάθμιες, οι περιφερειακές και οι εθνικές ενώσεις επικεντρώθηκαν στην προμήθεια αγροτικών πρώτων υλών (σπόρων, λιπασμάτων, μηχανών κλπ.), στην επεξεργασία γεωργικών προϊόντων (δημητριακών, εσπεριδοειδών, λαδιού, καπνού κλπ.) και στις υπηρεσίες (κατάρτιση, μεταφορές και διαφήμιση, μεταξύ άλλων (Παπαγεωργίου 2010, 37, Κολύμβας 1991, 96-98).  

Αυτοί οι τύποι ενώσεων των παραγωγών συντάχθηκαν σε γενικές γραμμές με τις διεθνείς αρχές του σύγχρονου συνεταιριστικού κινήματος: δημοκρατικός έλεγχος των επιμέρους ενώσεων και των συνενώσεων ανώτερου βαθμού (με βάση την αρχή ένα πρόσωπο, μία ψήφος), παραγωγή προσαρμοσμένη στις κοινωνικές ανάγκες, αλληλοβοήθεια μεταξύ των παραγωγών (Κρουσταλλάκη-Μπεβεράτου 1990, 130, 141). Ορισμένοι από αυτούς έχουν να επιδείξουν σημαντικά οικονομικά επιτεύγματα και έμπρακτη κοινωνική αλληλεγγύη, ενώ καθόλη την ιστορία του το κίνημα συνέβαλε κρίσιμα στην ανάπτυξη της υπαίθρου, την κατασκευή ζωτικών υποδομών και την επιβίωση των μικρών γεωργών (Παπαγεωργίου 2010, 38; Kλήμης 1991, 110-111; Kρουσταλλάκη-Μπεβεράτου 1990, 129). Αλλά παρέμεινε εν πολλοίς υπό κρατικό έλεγχο, δέσμιο των σχέσεων πολιτικής πατρωνείας, από τις απαρχές του, γεγονός που εμπόδισε την ανάδυση ενός αυτόνομου και συνειδητού συνεταιριστικού κινήματος (Kρουσταλλάκη-Μπεβεράτου 1990, 130-133).

Τη δεκαετία του ’80, ο «σοσιαλισμός» της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ ενέτεινε τον κρατικό εναγκαλισμό των μεγάλων αγροτικών συνεταιρισμών σε βαθμό ασφυξίας (Παπαγεωργίου 2010, 39). Το κυβερνών κόμμα επεδίωξε να τους χρησιμοποίησει ως οχήματα για τον «σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας» μέσω της δημιουργίας «αγροτο-βιομηχανικών συμπλεγμάτων». Τους αξιοποίησε επίσης ως εργαλεία άσκησης κρατικής πολιτικής σε τομείς που δεν διέθετε εμπειρία ή επαρκή ικανότητα για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων. Ως αποτέλεσμα, οι συνεταιρισμοί υπερστελεχώθηκαν, αύξησαν δραματικά τα χρέη τους στην Αγροτική Τράπεζα σε μη βιώσιμα επίπεδα, πλήρωναν τα προϊόντα των παραγωγών σε τιμές ανώτερες της αγοράς και έκαναν επισφαλείς επενδύσεις. Οι κομματικές παρεμβάσεις, κυρίως από τους σοσιαλιστικές και το ΚΚΕ, και οι πελατειακές σχέσεις από την πλευρά των συνεταιρισμένων γεωργών στρέβλωσαν τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής προς όφελος βραχυπρόθεσμων συμφερόντων, επιτείνοντας την κακοδιαχείριση, τη διαφθορά και την αναποτελεσματικότητα στη διαχείριση των αγροτικών συνεταιρισμών (Παπαγεωργίου 2010, 39-42; Kολύμβας 1991, 102-103).

Στα τέλη της δεκατίας του ’80, η Αγροτική Τράπεζα έπρεπε να κάνει εκκαθάριση υψηλών χρεών και απαίτησε την ανάκτησή τους από την κυβέρνηση και τους συνεταιρισμούς. Ως αποτέλεσμα, οι τελευταίοι έχασαν γρήγορα τη ρευστότητά τους, απώλεσαν τη θέση τους στις αγορές, αναγκάστηκαν να πουλήσουν πάγια κεφάλαια, και βασικές περιφερειακές και εθνικές ενώσεις διαλύθηκαν προς όφελος ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων (Παπαγεωργίου 2010, 39-41). Στην κοινή γνώμη, οι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί έγιναν συνώνυμοι με την αναποτελεσματικότητα, την οικονομική αποτυχία, την εκτεταμένη διαφθορά των πολιτικών κομμάτων και των γεωργών, την εξάρτηση από υψηλές κρατικές επιχορηγήσεις, την κλοπή δημόσιου πλούτου και τα κομματικά συμφέροντα.

Από τη μία, ένας σημαντικός αριθμός των αγροτικών συνεταιρισμών που απομένουν είναι οικονομικά βιώσιμοι και ορισμένοι μάλιστα είναι ιδιαίτερα επιτυχημένοι στις ειδικές αγορές τους. Αναπτύσσουν την τοπική παραγωγή με οικολογικούς όρους, υποστηρίζοντας τους μικροπαραγωγούς απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και τα εταιρικών μοντέλα των agri-business (Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσπρωτίας 2012, Ένωση Συνεταιρισμών Θρακικών Προϊόντων 2011). Από την άλλη, η βίαιη νεοφιλελεύθερη στροφή στις κυβερνητικές πολιτικές βάλλει επίσης εναντίον των υπολειμμάτων του αγροτικού συνεργατισμού στην Ελλάδα. Η νέα νομοθεσία που ψηφίστηκε το 2011 αναγκάει τις πρωτοβάθμιες ενώσεις να ιδρύσουν ανώνυμες εταιρίες αν θέλουν να συνενωθούν, καταργώντας τις δευτεροβάθμιες περιφερειακές και εθνικές ενώσεις, και ενίσχυοντας παράλληλα τον κρατικό έλεγχο πάνω στο συνεταιριστικό κίνημα (Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσπρωτίας 2012, Νόμος 4015, 2011). Επιπλέον, το 2012 η Αγροτική Τράπεζα εκχωρήθηκε σε ιδιωτική τράπεζα, αφήνοντας τους συνεταιρισμούς με ελάχιστες πηγές χρηματοδότησης.

Απέναντι σε αυτή τη βάναυση νεοφιλελεύθερη επίθεση του κεφαλαίου, τη βαθιά ύφεση που προκάλεσαν τα καταστροφικά μέτρα λιτότητας, η νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση, ιδιωτικοποίηση και εξάρθρωση του κράτους πρόνοιας, το θεσμικό συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα επιδιώκει τώρα να ανασυσταθεί σε νέες βάσεις. Διεκδικεί την ανεξαρτησία του από το κρατικό πολιτικό σύστημα και τις ολιγοπωλιακές δυνάμεις της αγοράς, επιστρέφοντας στις διεθνείς αρχές του συνεταιρίζεσθαι: δημοκρατική αυτοδιαχείριση στη βάση της ισότητας, στενή συνεργασία και συνομοσπονδία των διαφόρων αγροτικών ενώσεων στο τοπικό, το περιφερειακό, το εθνικό και το διεθνές επίπεδο, μέριμνα για την κοινότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΠΑΣΕΓΕΣ 2011). Μένει να δούμε αν η άνευ προηγουμένου επίθεση του νεοφιλελεύθερου κράτους και του κεφαλαίου θα ωθήσει τους αγρότες να συγκροτήσουν αυτόνομες και συμμετοχικές οργανώσεις που θα ενταχθούν σε μια νέα, ευρύτερη κοινωνική οικονομία της αλληλεγγύης ενάντια στην εταιρική και την κρατική εξουσία.

Εργατικός έλεγχος

Οι ελληνικές εργασιακές σχέσεις διακρίνονται εν γένει από την ισχνή συμμετοχή των εργατών στη διαχείριση των επιχειρήσεων. Οι περισσότερες απόπειρες σε αυτή την κατεύθυνση ήταν σποραδικές, βραχύβιες και ανεπιτυχείς στο τέλος (Kουτρούκης και Jecchinis 2008, 31). Μεταξύ των λίγων παραδειγμάτων εργατικής αυτοδιαχείρισης, το παλιότερο ανάγεται στα μέσα του 19^ου αιώνα, όταν ιδρύθηκαν εργατικά συμβούλια στα ορυχεία σμύριδας στη Νάξο. Επιφανή μεταγενέστερα παραδείγματα περιλαμβάνουν τα εργοστασιακά συμβούλια που λειτουργούσαν άτυπα σε βιομηχανίες υποδημάτων και καπνού στη Β. Ελλάδα μεταξύ του 1920 και του 1936.

Την επαύριο της μικρασιατικής καταστροφής στη Μ. Ασία το 1922, η κοινωνική κρίση εντάθηκε στην ηπειρωτική Ελλάδα, πυροδοτώντας την ανάπτυξη του ελληνικού εργατικού κινήματος. Το συνδικάτο των καπνεργατών ήταν μεταξύ των πολυπληθέστερων, των καλύτερα οργανωμένων και πιο συνειδητοποιημένων ταξικά, ενώ διατηρούσε στενούς δεσμούς με το νεοπαγές Κομμουνιστικό Κόμμα. Οι καπνεργάτες στη Β. Ελλάδα ξεκίνησαν το σημαντικότερο πείραμα εργατικής συμμετοχής ως τις μέρες τους. Έστησαν άτυπες εργοστασιακές επιτροπές που εκλέγονταν άμεσα από τους εργάτες και προωθούσαν την άμεση αυτοδιαχείριση της εργασίας. Οι επιτροπές συνδέεονταν με τα συνδικάτα, τα ενημέρωναν για τις συνθήκες εργασίας και παρακολουθούσαν την τήρηση των συλλογικών συμβάσεων και της εργατικής νομοθεσίας από την εργοδοσία. Υπερασπίζονταν τα εργατικά δικαιώματα, προήγαν την αυτοεκπαίδευση των εργατών στους εργασιακούς χώρους και εκπροσωπούσαν το συμφέροντα της εργασίες στις διαπραγματεύσεις και τους αγώνες με το κεφάλαιο. Παρά τα μέτρα καταστολής και τις διώξεις των εργατικών επιτροπών που ξανάρχισαν με νέα ένταση το 1929, κατόρθωσαν να επιβιώσουν και να συνεχίσουν τους αγώνες μέχρι το 1936, όταν επιβλήθηκε το δικτατορικό καθεστώς του Μεταξά (Kουτρούκης 1989, 44-47).

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η σύμπραξη στη χάραξη πολιτικών από εκπροσώπους της εργασίας καθιερώθηκε σε εθνικό επίπεδο, όπως στο Συμβούλιο Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Αλλά ο ουσιαστικός εργατικός έλεγχος έλαμπε δια της απουσίας του στις περισσότερες ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις. Τ0 1983 μόλις θεσπίστηκε μια νέα νομοθεσία που προωθούσε την εργατική συμμετοχή σύμφωνα με τη «σοσιαλιστική ιδεολογία» της νέας κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ (Ράφτης και Σταυρουλάκης 1991, 294). Tα αποτελέσματα ήταν πολύ φτωχά, καθώς η ανεξάρτητη κινητοποίηση των ίδιων των εργαζομένων ήταν ελάχιστη και η όποια πραγματική τους εμπλοκή επισκιαζόταν από τον καθοριστικό ρόλο των κυβερνητικών φορέων, των πολιτικών κομμάτων και συνδικαλιστικών μερίδων. Οι διαδικασίες της ιδιωτικοποίησης που ξεκίνησαν στις αρχές του ’90 και συνεχίζουν σήμερα με ταχύτερους ρυθμούς έβαλαν την ταφόπλακα σε αυτά τα σχέδια κοινωνικοποίησης εκ των άνω (Kουτρούκης και Jecchinis 2008, 35).

Εν γένει, η αποτυχία των νομοθετικών πρωτοβουλιών και των κρατικών πολιτικών που υποστήριζαν τον εργατικό έλεγχο τη δεκαετία του ’80 και του ’90 θα πρέπει να αποδοθεί σε μια σειρά αλληλοδιαπλεκόμενους παράγοντες: τις εχθρικές στάσεις και τις προσπάθειες χειραγώγησης εκ μέρους των επιχειρήσεων και των συνδικάτων∙ την κουλτούρα αυταρχισμού της διαχείρισης στους χώρους εργασίας∙ τον κρατικό παρεμβατισμό∙ την έλλειψη μιας παράδοσης συμμετοχής των εργαζομένων στη διοίκηση των επιχειρήσεων∙ τα εργατικά αιτήματα ήταν γενικότερα στο περιεχόμενό τους και ξεπερνούσαν το πλαίσιο επιμέρους εργασιακών χώρων∙ η συνδικαλιστική δράση και συνδιοίκηση δεν ήταν νομικά κατοχυρωμένες για μεγάλο διάστημα∙ έλειπε η επαρκής κατανόηση, τα κίνητρα, η εκπαίδευση και το ενδιαφέρον εκ μέρους της εργασίας∙ στις σχέσεις εργασίας υπήρχε έντονη κομματική πόλωση. Το κυριότερο είναι ότι στην ελληνική παραγωγή «οι συμμετοχικές ρυθμίσεις καθιερώθηκαν μόνον μέσω της νομοθεσίας, ενώ στις ΗΠΑ και στις περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές χώρες οι νομικές πρόνοιες έρχονταν κυρίως να επικυρώσουν ρυθμίσεις που είχαν επιβληθεί ήδη από τη συνήθεια και την πρακτική»  (Ράφτης και Σταυρουλάκης 1991, 295).

Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κατά την ίδια περίοδο οι εργάτες κινητοποιήθηκαν μαχητικά και ασχολήθηκαν ενεργά με τη διαχείριση των επιχειρήσεων όπου εργάζονταν. Θα επικεντρωθούμε σε δυο παραδείγματα εργατικού ελέγχου που βασίστηκαν σε αυθόρμητες πρωτοβουλίες των ίδιων των εργατών, σε δύο εταιρίες όπου δεν λειτουργούσαν επίσημα συνδικάτα (ε.α. 297).

Η εταιρία Ι. Παντελεμίδης, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, παρήγαγε μηχανικά εξαρτήματα στα οποία διέθετε σχεδόν το μονοπώλιο της παραγωγής στην Ελλάδα. Όταν πέθανε ο ιδρυτής της το 1981, οι κληρονόμοι του αρνήθηκαν να τον διαδεχθούν στην εταιρία εξαιτίας των υψηλών χρεών της, και το εργοστάσιο απειλούνταν με άμεσο κλείσιμο. Οι 23 εργαζόμενοί του κινητοποιήθηκαν για να αποτρέψουν αυτόν τον κίνδυνο και τον Νοέμβριο του 1981  αποφάσισαν να αναλάβουν το εργοστάσιο με τη βοήθεια των τοπικών δημοτικών αρχών και του σωματείου εργατών μετάλλου. Αυτή ήταν μια γνήσια και μαχητική εργατική κατάληψη του εργοστασίου. Δεν υπήρχε κανένα νομικό πλαίσιο για μια τέτοια πρωτοβουλία, και η εταιρία βρισκόταν σε νομικό κενό και έπρεπε να λειτουργεί ανεπίσημα (ε.α 307, Κουτρούκης 1989, 50-52). Οι εργάτες είχαν στενές σχέσεις με την εταιρία και μεταξύ τους, καθώς οι περισσότεροι ήταν μεταξύ πενήντα και εξήντα ετών και εργάζονταν στο εργοστάσιο από την αρχή. Κόμματα και συνδικάτα δεν έπαιζαν κανένα ρόλο στην καθημερινή τους δραστηριότητα και στη λήψη των αποφάσεων.

Η Γενική Συνέλευση λειτουργούσε ως το κύριο διοικητικό όργανο αλλά, σταδιακά, μια επιτροπή συντονισμού παραγωγής, που αποτελούνταν από τρία ανεπίσημα εκλεγμένα και ανακλητά μέλη, ανέλαβε τη διαχείριση του εργοστασίου. Αρχικά οι εργάτες είχαν ενθουσιασμό για την επιχείρησή τους και πέτυχαν εντυπωσιακά αποτελέσματα, αυξάνοντας την παραγωγικότητα κατά 100% τους πρώτους μήνες, αυξάνοντας ταυτόχρονα τους μισθούς τους και μειώνοντας τον χρόνο εργασίας τους. Αργότερα, ωστόσο, επήλθε μια πτώση της παραγωγικότητας καθώς μειώθηκε ο ενθουσιασμός και το ενδιαφέρον τους, οι ρυθμοί εργασίας έγιναν χαλαροί και υπήρχε μια έλλειψη αποτελεσματικού επιχειρηματικού σχεδιασμού. Αντικειμενικά και υποκειμενικά εμπόδια, όπως τα διαρκή γραφειοκρατικά κωλύματα, η προχωρημένη ηλικία τωνπερισσότερων εργατών που σύντομα θα έβγαιναν στη σύνταξη, η έλλειψη κατάλληλου υπόβαθρου καθώς και ταξικής και πολιτικής συνείδησης συνέβαλαν σε αυτό το ατυχές αποτέλεσμα. Εξίμισι χρόνια μετά την αρχική ανάληψη του εργοστασίου, οι εναπομείναντες εργάτες παρέδωσαν την ιδιοκτησία του στον Δήμο Ευόσμου (ε.α.).

Παρόμοια ήταν και η εμπειρία της Υφαντουργίας Κουλιστανίδης την ίδια περίοδο, και πάλι στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τα μεγάλα χρέη ανάγκασαν την εταιρία να κάνει παύση πληρωμών τον Φεβρουάριο του 1980. Τον Οκτώβριο του 1980 οι 117 εργαζόμενοι που παρέμεναν στην επιχείρηση ζήτησαν από τον γιο του πρώην ιδιοκτήτη να αναλάβει τη θέση του έκτακτου διαχειριστή, ενώ ένας ελεγκτής διορισμένος από τα δικαστήρια ήλεγχε  όλες τις δοσοληψίες. Στα τέλη του 1983, τα βάρη του χρέους έκαναν αναπόφευκτο το κλείσιμο της εταιρίας, αλλά στο μεταξύ οι εργάτες είχαν διαχειριστεί μόνοι τους την επιχείρηση, οργανώνοντας την παραγωγή και κάνοντας δοσοληψίες με τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία και κρατικούς φορείς. Οι αποφάσεις λαμβάνονταν συλλογικά και συχνά ομόφωνα από όλους τους εργάτες.

Υπάρχουν πολλές σημαντικές συνάφειες με την περίπτωση του εγχειρήματος Παντελεμίδη, που μπορούν να φωτίσουν την εξέλιξη και του εγχειρήματος Κουλιστανίδη. Το εργατικό δυναμικό αποτελούνταν κυρίως από εργάτες πενήντα με εξήντα ετών που συνεργάζονταν επί μακρός. Απέφευγαν την κομματική πολιτική και τον θεσμικό συνδικαλισμό και αρνήθηκαν να ιδρύσουν συνδικάτο για αυτούς τους λόγους. Προτιμούσαν απεναντίας να λειτουργούν αυτόνομα χωρίς καμία επίσημη δομή, σε μια εποχή κατά την οποία δεν υπάρχη κανένα νομικό πλαίσιο ή άλλος αναγνωρισμένος φορέας για να υποστηρίξει και νομιμοποιήσει την αυτόνομη δράση τους (Ράφτης και Σταυρουλάκης 1991, 302).

Παρά την τελική τους κατάρρευση, και τα δύο παραδείγματα ανεξάρτητης κινητοποίησης των εργατών και συλλογικού ελέγχου πραγματοποιήθηκαν σε ένα δυσμενές περιβάλλον όπου έπρεπε να βαδίσουν σε ένα μοναχικό δρόμο χωρίς προηγούμενο. Η ικανότητα που επέδειξαν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τη βιομηχανική τους παραγωγή κόντρα στο ρεύμα, χωρίς να διαθέτουν καμία σχετική εμπειρία, μαρτυρεί τις λανθάνουσες δυνατότητες της εργασίας για αυτοδιεύθυνση. Οι δεσμοί που σφυρηλάτησαν επί δεκατίες εργαζόμενοι από κοινού και η επιμονή τους να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους από τους κομματικούς μηχανισμούς και τον γραφειοκρατικό συνδικαλισμό συνέβαλαν στα περιορισμένα αλλά εξαιρετικά τους επιτεύγματα. Από την άλλη, πολιτισμικά στοιχεία που συνδέονται με τη διαμόρφωση παθητικών και καταναλωτικών υποκειμένων τα οποία αδιαφορούν για την εργατική δημοκρατία, η απουσία ενός ευρύτερου εργατικού και κοινωνικού κινήματος που να υποθάλπει την αυτονομία και την αλληλεγγύη, η έλλειψη ενός υποστηρικτικού χρηματοοικονομικού, νομικού και πολιτικού πλαισίου και η ανυπαρξία ενός δικτύου αυτοδιαχειριζόμενων επιχειρήσεων και κοινοτήτων εξηγούν τον βραχύ τους βίο και την τελική τους πτώση.