Para asegurar el rumbo del proceso venezolano hacia el Socialismo, se requiere la participación creciente del pueblo y sus trabajadores en las decisiones fundamentales del país. Esto significa, su participación en las decisiones del Estado en todos sus niveles: gobierno nacional, gobernaciones, alcaldías y otras instituciones. También en la economía y las empresas.
   Ello supone que pueblo y gobierno estén organizados de manera auténticamente democrática en Consejos Comunales, Comunas, Consejos de Trabajadores, Consejos de estudiantes, Redes de Productores (campesinos, pescadores, mineros y otros). Ello, a fin de contar con los instrumentos y mecanismos necesarios para concertar las voluntades y acciones de todos ellos. Solo así se convierte en realidad el precepto constitucional de “democracia participativa y protagónica”; que es la participación protagónica del pueblo en la toma de decisiones sobre aspectos de la vida económica, social, política y cultural de la nación, así como en la implementación y control de esas decisiones.
   Sin embargo, una parte importante del pueblo, en su vida práctica, cotidiana, en los barrios, en las regiones, en sus lugares de vivienda y de trabajo, ha encontrado en no pocos momentos y circunstancias, que el discurso socialista del gobierno no se refleja en la práctica en las decisiones de varios gobernadores, alcaldes, ministerios y gerentes de las empresas estatales o municipales. Y que los problemas que los aquejan no son atendidos adecuadamente por ellos, supuestamente obligados a hacerlo como servidores públicos, en cumplimiento de sus funciones y deberes políticos y sociales.
   En este trabajo se abordan diversas experiencias y algunos de los principales problemas relacionados con la Gestión del Estado y la Economía, que incluyen los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo, así como las diversas formas de propiedad y sus formas de articulación. Se explica en que consiste el Modelo de Gestión Múltiple propuesto como forma de concretar la democracia participativa y protagónica establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y como nuevo paradigma para la construcción del  Socialismo en el Siglo XXI.
Los diversos tipos de propiedad
La experimentación de diferentes formas y tipos de propiedad y de gestión realizadas desde el año 1999 en adelante, ha sido evaluada en tres seminarios nacionales y muchos regionales, realizados durante los años 2007 y 2008 con participación de trabajadores de industrias, del Estado, consejos comunales, comunidades organizadas, escuelas de formación socialista y estudiantes universitarios.
Con el análisis de diversas experiencias internacionales conocidas, entre ellas la de la Unión Soviética, se han producido importantes recomendaciones, así como una propuesta de modelo de gestión para el socialismo del siglo XXI en Venezuela, denominado modelo de gestión múltiple socialista.
Para prevenir que el proceso actual de la Revolución Bolivariana pueda derivarse hacia  una forma de capitalismo de Estado (empresas del Estado con gestión capitalista, al servicio de la reproducción del sistema capitalista, de la obtención de ganancias y de la acumulación de capital por parte de los capitalistas privados), sin control de los trabajadores y del pueblo; o que se repita la experiencia soviética con algunas variantes, en el III Seminario Nacional sobre Formación y Gestión Socialista, realizado con participación de más de 40 organizaciones en el mes de abril de 2008 en Valencia, estado Carabobo, se produjo la siguiente declaración en torno a la ambivalencia de la propiedad estatal:
Los tipos de propiedad por sí solos no siempre determinan los objetivos y propósitos para los que pueden servir. En el caso de la propiedad estatal, ésta puede servir para liberar al ser humano y construir relaciones socialistas, o para esclavizarlo o someterlo a diversas formas de alienación y explotación, como ocurrió en los antiguos imperios, egipcio en África y azteca en México, así como en la extinta Unión Soviética, para dar sólo tres ejemplos.
Por estar subordinada a los intereses de clase que representa el bloque de poder dominante en la sociedad y en el Estado (que toma las decisiones macroeconómicas fundamentales), la propiedad estatal puede servir para propósitos diferentes, incluso contrarios.
Ello está  determinado por el modelo de gestión que, si es ejercido por una clase dominante explotadora, necesariamente sirve para reproducir la alienación del trabajo, los trabajadores y los pueblos, y para perpetuar las condiciones que hacen posible la dominación y explotación de unos hombres por otros: la propiedad privada sobre los medios de producción fundamentales y la división social del trabajo, en la que unos piensan, planifican y ordenan; y otros obedecen y trabajan operativamente.
Es indispensable tener en cuenta que en la distribución de los excedentes se produce una redistribución del valor creado mediante el trabajo social. Quienes toman las decisiones sobre esta distribución (incluida la burocracia estatal), siempre, de manera consciente o inconsciente, tratan de hacer prevalecer sus intereses como grupo, lo que necesariamente afecta a toda la sociedad.
Cogestión  [3] y propiedad privada
En el mismo seminario, se concluyó lo siguiente sobre la  cogestión y la propiedad privada:
La cogestión hasta ahora aplicada en la República Bolivariana de Venezuela, impulsada probablemente con la intención de avanzar hacia una sociedad de inclusión social y bienestar, ha respondido más a una concepción reformista dentro del capitalismo, que a una concepción verdaderamente socialista.
En el capitalismo, el derecho a participar en la toma de decisiones (gestión), está  determinado por la propiedad sobre los medios de producción —capital—, que se expresa en la propiedad de “acciones” de las empresas. Estas se poseen en forma individual o colectiva. En este caso, en sociedades limitadas, anónimas o en cooperativas. De acuerdo con el derecho burgués (capitalista) lo fundamental para participar con determinada cantidad de votos en la toma de decisiones, no es si el accionista participa o no en los procesos productivos, sino la cantidad de acciones que posee. Esto es lo que otorga el “derecho” a emitir una determinada cantidad de votos en la asamblea de accionistas y en las juntas directivas.
Puede ser el caso de muchos trabajadores organizados en cooperativas y de capitalistas, en las empresas recuperadas con recursos del Estado.
Así  se reconoce, incorrectamente, que es la propiedad sobre los medios de producción —el capital— el que genera derecho a participar en la toma de decisiones. Mientras que en la concepción socialista, es el trabajo en cualquiera de sus formas: material o intelectual, simple o complejo —reconocido como fuente de la riqueza social— el que otorga el derecho a participar en la gestión de las empresas.
A pesar de las buenas intenciones, el otorgar créditos del Estado a trabajadores para que obtengan acciones de las empresas, con el propósito de que puedan participar en su gestión, ha generado en ellos confusión ideológica y muchas frustraciones.
Con la preeminencia de la mentalidad individualista y egoísta generada en nuestra sociedad por 500 años de alienación colonialista y capitalista, en general, los trabajadores, al ser propietarios de acciones, tienden a sentirse más como “empresarios” privados que como trabajadores o proletarios, porque su nueva condición de propietarios privados de una parte del capital de las empresas los separa objetivamente del resto del pueblo.
Se produce en los trabajadores un desclasamiento, una sociopatía, una pérdida de identidad, una esquizofrenia. Si las acciones son propiedad privada de algunos trabajadores y/o de capitalistas, no pueden ser, a su vez, propiedad de otros trabajadores, ni de las comunidades, ni de todo el pueblo. Y, en consecuencia, tampoco lo pueden ser los excedentes que se generan en el proceso productivo, ya que éstos deben ser apropiados por los dueños de las acciones. Es decir, con la propiedad de las acciones, los trabajadores terminan de manera objetiva convertidos en nuevos capitalistas.
La experiencia histórica sobre autogestión [tal cual ocurrió en la antigua Yugoslavia] no arroja un balance positivo. Su aplicación en la desaparecida República Federativa de Yugoslavia significó: alienación de los trabajadores, anarquía capitalista, competencia entre trabajadores de unas empresas y otras. Y en últimas, terminó por reproducir de nuevo el capitalismo. [4] 
Por eso, la presente propuesta, pretende superar la cogestión y la autogestión como métodos ya fallidos para la transición al socialismo; y más bien, invita a la sociedad venezolana a experimentar un nuevo paradigma: la gestión múltiple socialista, cuyas características se explican más adelante. 
  El pueblo aprende a gestionar si se le permite gestionar
   Una expresión trascendental de la lucha de clases en Venezuela,  es la que se libra, dentro y fuera del viejo Estado por la exclusión o participación del pueblo y los trabajadores en las decisiones fundamentales. De una parte, están aquellos que han excluído y excluyen al pueblo, y en particular a los trabajadores, de participar en las decisiones fundamentales de la sociedad. Ello para tratar de perpetuar de manera consciente o inconsciente, las bases principales de la reproducción metabólica del capital: la división social y la estructura jerárquica del trabajo, la alienación y la propiedad privada sobre los medios de producción.
   Ellos, son partidarios de excluir al pueblo de la elaboración, ejecución y control de las políticas públicas, programas y planes de desarrollo; y aún con mayor fuerza, -puesto que hay muchos intereses políticos y económicos de por medio-, en la distribución y control de los recursos financieros y de todo tipo que se asignan por medio de los contratos del Estado. Estos, manejados de manera excluyente, autoritaria y anti-ética, permiten a burócratas inconscientes e ineptos generarse privilegios y acumular capital en asociación con empresarios privados.
   De la otra parte, están los revolucionarios que luchan por abrir espacios para que el pueblo participe de manera protagónica en estas decisiones, junto con el gobierno nacional. Esto se considera necesario para que los recursos de la nación sean utilizados con eficiencia en la solución de los problemas económicos y sociales y en el desarrollo integral de toda la población. La participación protagónica del pueblo en todas las esferas es para ellos el punto de partida para iniciar la construcción del socialismo en Venezuela. Ellos son los que en verdad luchan por el socialismo y permiten, promueven y estimulan por todos los medios la participación del pueblo y los trabajadores en las decisiones fundamentales en su ámbito de acción.
   Es necesario reconocer que, al igual que entre el personal directivo; entre los trabajadores, y en general en toda la población, existen diferentes niveles de conciencia y responsabilidad, de desarrollo ético y moral, de capacidad de organización y de gestión. La capacidad de gestión de los trabajadores al inicio de la revolución bolivariana era baja en general, por varios motivos. Principalmente por causas históricas. Pero nadie puede saber gestionar, si nunca ha gestionado. Por eso, solo con su participación en la gestión, los trabajadores aprenderán a gestionar.
   Algunas personas con altos cargos de dirección en los ministerios o en instituciones del Estado, alegan que los trabajadores no están preparados para gestionar y que primero deben prepararse para poder hacerlo. Pero lo cierto es que, esta falta de preparación de los trabajadores sirve en muchos casos de pretexto a quienes concentran el poder y tienen el monopolio de las decisiones y el control sobre los recursos públicos, para ejercerlo de manera elitista en su propio beneficio y en el de sus familiares y amigos. Esto por lo general va acompañado de cierto porcentaje de arbitrariedad en las decisiones, de clientelismo político, amiguismo, nepotismo e ineficiencia. En otros casos, refleja una tremenda desconfianza en las capacidades y potencialidades del pueblo que, sin embargo y a pesar de lo que ellos creen, sí tiene la capacidad de aprender a gestionar.
   Que los trabajadores no sean capaces de gestionar está por demostrarse, porque hasta ahora pocas veces han tenido la oportunidad de hacerlo. En Venezuela, solo empiezan a hacerlo en empresas de importancia estratégica como las de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG),1 a partir del 15 de mayo de 2010 cuando el Presidente Chávez reconoció que, solo con el control obrero y la gestión de la producción por los mismos trabajadores se podrá sacar a estas empresas de la crisis en que se encuentran como resultado de las malas gestiones capitalistas que hasta ahora han tenido. Con la ejecución del denominado “Plan Guayana Socialista”, elaborado en mesas de trabajo por el conjunto de los trabajadores, se espera que se conviertan en empresas productivas socialistas.
   De esta manera se establece en esas empresas estatales del sector de la industria básica lo que se ha llamado la “Gestión bajo Control Obrero”, un nuevo paso decisivo en el camino de construcción del socialismo en Venezuela. El Presidente Chávez  juramentó como presidentes y miembros de sus juntas directivas, a los equipos de trabajadores propuestos por las bases.  Estos nuevos directores surgidos de las bases obreras  juraron que se dedicarán por entero a luchar contra la corrupción y la ineficiencia, y a favor de la productividad y la sustentabilidad de cada una de las empresas de la CVG y que guardarán lealtad hacia el Gobierno Bolivariano.
   Estos cambios radicales en cuanto al personal responsable de la gestión de las empresas sugieren que los funcionarios públicos que ejercían el poder antes del gobierno de Chávez, y muchos de los que lo ejercen en el gobierno actual, habían sido ineficientes en la gestión del Estado, la economía y las empresas. Por eso la necesidad de que los trabajadores gestionen las empresas estatales, a lo cual ha llamado el Presidente Chávez.
   Esto constituye una valiosa oportunidad para que aprendamos a gestionar de manera conjunta, tomando entre todos las mejores decisiones. La gestión democrática permite que integremos las diferentes visiones del mundo y de la vida, los diferentes saberes y conocimientos, las más variadas capacidades y potencialidades, las necesidades y aspiraciones de los diferentes grupos humanos que crean la riqueza social. De esta manera se puede lograr un mayor desarrollo humano integral, satisfaciendo con eficiencia y armonía con la naturaleza las  necesidades materiales y culturales  de toda la sociedad.
   Solo así será posible acabar con la disyuntiva entre la satisfacción de las necesidades humanas y la producción de riqueza subordinada a la reproducción del capital. En otras palabras, es necesario liberar al trabajo de la explotación de los capitalistas, transformándolo en  el más formidable medio de realización social e individual, en generador de riqueza verdadera, para poder así satisfacer las necesidades materiales y culturales de la población, y avanzar hacia el logro de la mayor suma de felicidad posible para toda la nación.
Limitaciones de las empresas de la economía popular en Venezuela
   Gran parte de las miles y miles de empresas autogestionadas y cogestionadas, fundamentalmente cooperativas, que el Estado ha creado y financiado con la intención de construir una economía popular, principalmente entre los años 2000 y 2006, no actúan como parte de un sistema integral de economía popular de tipo socialista, si no, como empresas aisladas que no contribuyen a la satisfacción de necesidades sociales. La mayoría de ellas han pasado a ser, de una manera u otra, parte integrante del sistema capitalista.
   En su inmensa mayoría, las cooperativas se han convertido en formas de propiedad privada colectiva, que no socializan sus excedentes y no permiten la participación de nuevos trabajadores ni tienen en cuenta los intereses de las comunidades ni la sociedad. Además, muchas de estas empresas son convertidas en eslabones de las cadenas productivas y de servicios que son explotadas por los monopolios a través del control de las empresas claves o estructurantes de las cadenas productivas. De esta manera, a los monopolios y otras grandes empresas capitalistas que operan en Venezuela se les transfieren rápidamente, a través de los mecanismos del llamado “mercado libre”, en especial la formación y definición de los precios, los recursos recibidos del Estado. En estas circunstancias, las empresas de la “economía popular” o son arruinadas, o quedan subordinadas a la economía capitalista como eslabones productores de plusvalía para los grandes capitalistas; algunos incluso formados recientemente durante el período de la Revolución Bolivariana.
   Además, en las políticas públicas que han promovido las empresas de la economía popular se ha confundido la democratización de la gestión económica con la “democratización de la propiedad”, entendida ésta como participación de los trabajadores en la propiedad legal del capital accionario y no como control de la gestión. Según plantea la declaración del III Seminario Nacional sobre Formación y Gestión Socialista (Valencia, Carabobo, abril de 2008), se ha creado una confusión ideológica porque, en el apoyo estatal que se ha dado a algunas de estas experiencias de autogestión y cogestión, “se reconoce, incorrectamente, que es la propiedad sobre los medios de producción —el capital— el que genera derecho a participar en la toma de decisiones. Mientras que en la concepción socialista, es el trabajo en cualquiera de sus formas: material o intelectual, simple o complejo —reconocido como fuente de la riqueza social— el que otorga el derecho a participar en la gestión de las empresas.”
   La situación anteriormente descrita, fue ratificada y analizada por una cantidad significativa de trabajadores socialistas, tanto del Estado como de  diversas ramas de la economía pública y privada, reunidos el 27 de Junio de 2009  en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), en el Primer Encuentro Nacional de Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras, realizado bajo la convocatoria y auspicio de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.  En el documento de conclusiones de dicho encuentro, se puede leer lo siguiente:  
“La gestión de las empresas   no está aún  en manos de los trabajadores y las comunidades organizadas, y  muchos  medios  de producción estratégicos y gran parte de la banca y del sector financiero,  aún están en manos del  sector privado, lo que es contraproducente para la sociedad, por que dificulta afianzar  la soberanía nacional y aprovechar de manera eficiente el ahorro y los recursos de inversión y de crédito, en la construcción del socialismo.”
“Seguimos reproduciendo las causas y condiciones básicas de la reproducción metabólica del capital: La división social y la estructura jerárquica del trabajo, la alienación social, la propiedad privada sobre los medios de producción fundamentales, aunque en este último se esté avanzando con las nacionalizaciones y con la creación de nuevas Empresas de Propiedad Social, en las que desafortunadamente se sigue aplicando el modelo de gestión capitalista.”
“Mientras se siga reproduciendo el modelo de gestión capitalista en las empresas del Estado o en las Empresas de Propiedad Social de las comunidades que empiezan a crearse,   están en riesgo  de desaparecer las conquistas sociales hasta ahora alcanzadas, así como el mantenimiento de las condiciones de  desarrollo humano y demás beneficios para los trabajadores y  las posibilidades de su avance posterior.”   
   Si no se tiene la claridad y conciencia social suficiente y no se elabora y aplica una estrategia para superar esta situación, estaremos desperdiciando los importantes recursos que recibirán del Estado los consejos comunales para el desarrollo de los proyectos comunitarios durante los próximos años. Si estos son ejecutados a través de cooperativas y otras empresas privadas, no estaremos superando al capitalismo.
   Las cooperativas son una de las formas de propiedad privada, aunque esta sea colectiva porque, por lo menos en Venezuela,  éstas no socializan en general ni siquiera una parte de sus excedentes;  no permiten la participación de nuevos trabajadores en condición de copropietarios, sino como personal contratado asalariado, ni tienen en cuenta en sus decisiones fundamentales los intereses de las comunidades ni de la sociedad.   Es propiedad privada porque lo que es de los asociados de cada cooperativa no es de la comunidad ni del conjunto de la sociedad. Éstas no participan de modo alguno de su gestión.
    Los proyectos comunitarios deben ser ejecutados por Empresas de Propiedad Social (EPS), de toda la comunidad, formadas en lo fundamental con trabajadores de los  barrios y de las comunidades. Las Empresas de Propiedad Social (EPS), que aún no tienen el marco jurídico adecuado, puede ser de propiedad indirecta (del Estado) o directa (de las comunidades organizadas en Consejos Comunales y Comunas).  Tienen como objetivo principal el desarrollo humano integral y la satisfacción sustentable de las necesidades de la población en armonía con la naturaleza; también de los trabajadores a ellas vinculados y sus familias. Los excedentes, si los hubiere, no son apropiados de manera privada por nadie; las decisiones sobre cómo invertirlos o en qué utilizarlos es tomada de manera colectiva y conjunta en Asamblea General de voceros de los trabajadores, las comunidades organizadas, los productores de materias primas (en el caso de las fábricas) y del Estado.  Es decir, por los sujetos sociales que aportan su trabajo y por los grupos humanos destinatarios de los productos, o que son afectados o influidos por su actividad. Para que la propiedad sea en verdad “social”, sea directa o indirecta, las decisiones fundamentales: objetivos, presupuestos, planes de trabajo y producción, distribución de excedentes, deben ser tomadas con participación protagónica del pueblo y los trabajadores. Propiedad Estatal no es igual a Propiedad Social.
Democracia no solo en la gestión empresarial de la producción, sino en la distribución y en todo el ciclo económico
Los intentos de construir  una economía popular con base en las 148.000  cooperativas, creadas y financiadas con recursos del Estado entre los años 1999 y 2008, según cifras presentadas por el Ministerio para la Economía Comunal (MINEC) y la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP); luego con empresas cogestionadas o de autogestión abandonadas por los capitalistas y recuperadas también con recursos públicos; y más adelante con empresas y ramas industriales capitalistas como las de la siderurgia y el cemento, nacionalizadas con indemnización,  por el gobierno bolivariano del Presidente Chávez, han fracasado en sus objetivos estratégicos y han contribuido a la expansión del capitalismo en Venezuela..
Al no contar con las redes de distribución y comercialización al servicio del proyecto socialista, y tener que realizar estas funciones a través de las redes capitalistas, todas estas empresas son convertidas en eslabones de las cadenas productivas y de servicios capitalistas, y son explotadas por los monopolios a través del control de las empresas claves o estructurantes de las cadenas productivas, tales como las dedicadas a la producción o venta de equipos, maquinarias, insumos y materias primas, procesamiento industrial y canales de distribución y comercialización. De esta manera pueden controlar   los precios, y realizan actividades orientadas a desestabilizar al gobierno revolucionario, por medio del acaparamiento y la especulación. Así obtienen ganancias extraordinarias y tratan de colocar a la población en contra del Presidente Chávez y su gobierno.
   A las situaciones de acaparamiento y especulación con los productos básicos, el gobierno respondió con la Ley de defensa de los consumidores contra el acaparamiento y la especulación. Desde el año 2007, el gobierno ha procedido a realizar expropiaciones con indemnización de empresas que han incurrido en estas prácticas ilegales y antipopulares. Entre ellas se encuentran algunas agroindustrias, e industrias básicas como las del cemento y la empresa siderúrgica nacional (SIDOR).
   Pero, al mantener los capitalistas el control de las redes de distribución, aún a pesar de haber perdido el control de la producción en algunos rubros, las prácticas especulativas continuaron. Es decir, después de haber negociado con el gobierno el pago por sus fábricas, con menos capital invertido, han elevado incluso sus tasas de ganancia, al mantener el control especulativo de los precios  en el ámbito de la circulación mercantil.
   Además, como ha ocurrido con la mayoría de los productos producidos en las empresas nacionalizadas, los capitalistas especuladores aprovechan la circunstancia para comprar barato en las empresas socialistas y vender con precios de especulación  en otros lugares. Los capitalistas dueños de restaurantes, hoteles o clínicas privadas, mandan a sus empleados a comprar alimentos en los Mercales2, para después venderlos  procesados a precios que les permiten obtener ganancias extraordinarias.
   Por todo ello, para proteger de la especulación a la población, el gobierno ha procedido  a nacionalizar algunas de las redes de distribución de mayor impacto. En el mes de abril de 2010 fue nacionalizada y puesta bajo el control de los Consejos Socialistas de Trabajadores, la cadena de supermercados Éxito. Estos ahora tienen el nombre de Supermercados Bicenentenario. Además, ha sido ya anunciada la nacionalización de los supermercados CADA, importante red nacional de venta de víveres, frutas y hortalizas.
   Desde el año 2007, se han realizado importantes experiencias de participación de los Consejos Comunales y otras formas de poder popular en la distribución de productos. Las empresas nacionalizadas, al tener orientación socialista, tienen como objetivo la satisfacción de necesidades de la población. Por tanto, al excluir la ganancia de sus propósitos, los productos salen a los espacios de intercambio a precios mucho menores que los de las empresas capitalistas, especialmente si se trata de áreas monopolizadas, como es el caso de la producción de materiales de construcción y vivienda, automóviles, computadoras o de bienes cuya producción requiere grandes inversiones y tecnologías sofisticadas.
   Un ejemplo de distribución socialista de automóviles con participación de los Consejos Comunales es la empresa de propiedad mixta entre Venezuela e Irán, VENIRAUTO, cuyos automóviles, en calidades y modelos comparables a las mejores marcas de los monopolios capitalistas en sus mismos rangos, salieron al mercado en 2007 a un precio menor en aproximadamente treinta por ciento. El Modelo de distribución propuesto en CORPIVENSA en el año 2007, establecía los siguientes lineamientos: Los Consejos Comunales, en asambleas, determinarían a quién o quiénes—entre aquellos que tienen la capacidad adquisitiva mínima (tres salarios mínimos)—corresponde el derecho a adquirir el vehículo, teniendo en cuenta sus méritos, el servicio a la comunidad y las necesidades familiares.  Otra parte de los vehículos serían asignados por el Gobierno Nacional, en cierta cantidad o porcentaje a los trabajadores de las empresas socialistas que los necesiten y aspiren a adquirirlos; y que por méritos en sus trabajos, fueran elegidos en Asambleas de Trabajadores. El resto de los automóviles sería distribuido por el gobierno central a los ministerios e  instituciones, de acuerdo a las prioridades y a la forma en que los puedan usar  para satisfacer necesidades de la sociedad: hospitales e instituciones de salud, casas geriátricas (ancianatos), escuelas y otras entidades del sistema educativo. De esta manera se contribuiría a lograr la mayor suma de felicidad posible para el pueblo venezolano.
   Pero nada de esto es fácil de llevar a la práctica. En el caso concreto,  el esfuerzo que se realizó para sacar a la venta los primeros vehículos con participación de los Consejos Comunales, sufrió  múltiples alteraciones en el sistema de asignaciones, por lo que debe ser revisado y corregido.
   Las comunidades organizadas deben planificar con mucha inteligencia qué  necesidades satisfacer de manera prioritaria y cómo invertir de manera sustentable los recursos del Estado, complementados con formas de auto-financiamiento comunal. En otras palabras, las Comunas y el Poder Popular con contenido socialista solo existirán de manera real, si cuentan con una Economía Comunal productiva, en la que la población y los trabajadores de un territorio, conjuntamente con el Estado a nivel local o regional, tomen las decisiones fundamentales sobre qué producir, cómo hacerlo y con qué modelo de gestión; cómo distribuir el resultado del trabajo y cómo distribuir los excedentes que se generen en el proceso de financiación, producción, transformación, distribución y consumo.
   Como ha orientado el Presidente Chávez, esta economía debe concretarse en Empresas de Propiedad Social Directa (de la comuna) con Gestión Socialista, articuladas a las cadenas y redes socio-productivas de su rubro o sector. En ellas, las Empresas de Propiedad Social Indirecta (del Estado) juegan un papel primordial, a las que deben articularse también otras formas de propiedad social y privada (incluye a las cooperativas). Debe haber una planificación o coordinación entre las empresas y con el poder popular que represente los intereses sociales.
   Teniendo como guía las necesidades de la población y el desarrollo del país, la planificación socialista implica determinar las proporciones que deben tener los diversos sectores de la economía: primario, industrial, servicios, con la mayor desagregación posible. Ello es crucial para  planificar el desarrollo sustentable del país en cada etapa de la revolución socialista, teniendo en cuenta los cambios climáticos, geopolíticos y el crecimiento probable de la población.
   Esto es válido en todos los sectores de la economía. Pero, en este período incipiente (aunque decisivo) de transición del capitalismo al socialismo, se debe dar prioridad a la soberanía y seguridad alimentaria de la población; la salud, la educación y la cultura; la alimentación, la vivienda; el derecho al trabajo digno, no alienado ni explotado; y a la prestación cotidiana de servicios de todo tipo a la población, a través de trabajadores de múltiples oficios: albañilería, plomería, electricidad, carpintería, etc., etc., organizados de manera interdisciplinaria en EPS comunitarias.
   Pero para que estos sectores orientados al consumo y bienestar de la población puedan desarrollarse, es esencial que el Estado desarrolle las industrias estratégicas: petroquímica, siderúrgica, metalmecánica, electrónica, energética, transporte masivo, informática y comunicaciones; y en general las fábricas de herramientas y las “fábricas de fábricas” de todo tipo; de medios de producción para las industrias orientadas al consumo. Todas deberían ser gestionadas con el “modelo de gestión múltiple socialista”, o por uno que pudiera producir resultados sociales similares y que sea soportado por un fuerte sistema de formación, capacitación e investigación.
El Modelo de Gestión Múltiple Socialista
   Es una abstracción teórica, una simplificación de las relaciones sociales que se establecen o que se quieren crear de manera consciente y planificada en los procesos de financiamiento, producción, distribución, intercambio y consumo, y en la elaboración y ejecución de las políticas públicas, por medio de la participación conjunta y compartida de  Consejos de Trabajadores(as), Consejos Comunales, Productores (as) de materias primas y del  Estado, a través de sus voceros; para tomar las decisiones y asegurar su cumplimiento,  con el propósito de crear equilibrio y control mutuo entre los diferentes grupos de intereses de la sociedad; pues éstos  son con frecuencia contradictorios y a la vez complementarios. Esto permite tomar las mejores decisiones para satisfacer sus necesidades y su desarrollo integral sustentable, subordinados a los intereses estratégicos de la nación y la humanidad.  Permite  también crear mecanismos para controlar, disminuir y contrarrestar al máximo posible,  el burocratismo, la corrupción y la concentración del poder en una élite o en  grupos sociales excluyentes.
Intercambio basado en criterios de igualdad, equidad, solidaridad y justicia social
   Mientras se mantenga la división técnica del trabajo en la que diferentes personas producen bienes y prestan servicios diversos y complementarios; y los individuos o grupos humanos se relacionen entre sí con intereses particulares determinados por su propia actividad productiva, los seres humanos tendrán que intercambiar por lo menos una parte de los bienes, servicios y conocimientos. Los productores—de manera individual o colectiva—entregan a otros los excedentes de lo que producen (valores de uso), para recibir de ellos lo que no producen; y así, satisfacer sus necesidades de manera complementaria.
   Este intercambio puede hacerse de manera equitativa, con criterios de cooperación, ayuda mutua, solidaridad y complementariedad; como se supone que debe hacerse en una sociedad socialista. Pero en el capitalismo, el intercambio tiene lugar bajo criterios individualistas, donde cada parte trata de obtener el mayor provecho posible de la otra. Además, en las relaciones de intercambio capitalistas, gran parte del intercambio no se realiza entre productores y consumidores que se relacionan con el propósito de satisfacer necesidades, sino entre intermediarios que buscan obtener la máxima ganancia (valor de cambio) en el menor tiempo posible y productores-consumidores que son explotados a través del control capitalista de los mercados.
   En realidad, el libre mercado es una ilusión, solo en parte funciona la ley de la oferta y la demanda, y en gran medida los precios son determinados por el control monopólico de la economía y los mercados. Es decir, el intercambio justo de bienes y servicios puede y debe basarse en su valor; pero matizado por mecanismos complementarios que permitan aplicar criterios de equidad, justicia social  y solidaridad.
   El concepto de mercado, como mecanismo y espacio en el que actúan la oferta y la demanda para establecer los precios y determinar así quiénes pueden acceder a los productos de acuerdo a su  capacidad adquisitiva, debe ser progresivamente superado y sustituido. Primero, por un mercado regulado por la intervención del Estado, que aplique una planificación socialista centralizada y desconcentrada, que induzca y obligue a los actores económicos del mercado actualmente existente, a cumplir con normas y obligaciones sociales. Esa regulación establece responsabilidades sociales de proteger a la sociedad de acaparadores y especuladores, de fomentar el aumento de la producción y la productividad. Ello permitiría a los productores particulares obtener ingresos justos por el trabajo que realizan mientras cumplen con una función social que permita su desarrollo integral y justifique su existencia.
   Para facilitar el funcionamiento adecuado del mercado regulado, y controlar o impedir el acaparamiento y la especulación capitalista que se aprovecha de las necesidades de la población y del funcionamiento de la ley capitalista de la oferta y la demanda, es indispensable abastecer a la población con bienes, servicios y conocimientos, producidos por un sector socialista de la economía, que debe ser cada día más dinámico. Además es necesario crear sistemas de distribución y formación de precios, que por el uso planificado de mecanismos económicos contribuyan al funcionamiento del mercado regulado.
   Más adelante, se debe pasar del mercado regulado por el Estado socialista, a un sistema de distribución e intercambio de tipo socialista. Éste se irá extendiendo de manera plena en toda la sociedad en la medida en que avance el sector productivo socialista de la economía.  Para que esto se convierta en realidad, el Estado debe apoyarse en la acción de los Consejos Comunales y en la Contraloría Social, para definir con precisión los mecanismos de distribución y fijación de los precios. En este sentido, se deben diferenciar cuáles necesidades de la población son prioritarias, primarias o secundarias; y cuales son artificiales, debido a que han sido creadas por la propaganda y el consumismo capitalista.
   El socialismo implica crear un nuevo sistema de intercambio de bienes y servicios  que tenga en cuenta los intereses diferenciados y complementarios de individuos, familias, comunidades; de  pueblos y países; de diferentes tipos de productores y consumidores; de trabajadores que participan directa o indirectamente en los procesos productivos, de distribución o de intercambio; y en general, de todos aquellos que cumplen una u otra función en la  sociedad. Para avanzar consciente y firmemente en la construcción del socialismo del siglo XXI en la República Bolivariana de Venezuela, se deben sustituir progresivamente las relaciones de producción capitalistas por otras socialistas, -que son su antítesis-, libres de explotación y no alienadas ni alienantes, en todas y cada una de las partes componentes y en todas las fases del ciclo socio-económico.
   Y para que esto sea posible, es necesario que todos estos grupos sociales participen de manera conjunta, a través de sus voceros, en la gestión de los procesos  de producción, distribución, intercambio y consumo de la sociedad. La planificación debe articular tanto a los productores como a los consumidores y otros grupos sociales afectados por sus actividades.
   Además, para que se cumplan los objetivos fundamentales del socialismo se debe lograr que los bienes y servicios sean accesibles a los trabajadores que han participado en su creación y a la población que las requiere, teniendo en cuenta las prioridades establecidas. Esta oferta debe ocurrir en los tiempos y lugares adecuados, así como en cantidades necesarias y precios justos, y en algunas ocasiones a precios solidarios, para poblaciones en condiciones de vulnerabilidad social o pobreza extrema.
   Un ejemplo elocuente es la experiencia del Mercado Comunitario de Frutas y Hortalizas, que surgió con el apoyo de la Alcaldía del municipio Libertador de Caracas y de su Instituto Integral de Mercados y Alimentos (INMERCA), en el segundo semestre de 2009 en la Carretera Vieja Caracas-La Guaira, para complementar a MERCAL y PDVAL3, que no venden ni frutas ni hortalizas. Este mercado o espacio de intercambio, que funcionaba solo los días sábados y que logró suprimir una parte de los intermediarios que encarecen los productos, era completamente planificado y controlado por la comunidad. Buscaba satisfacer la necesidad de alimentos frescos en lugares cercanos a los sitios de vivienda y ser un espacio para el encuentro de la comunidad y para el desarrollo de la cultura socialista. Sus organizadores pretendían también que fuera un medio didáctico para el aprendizaje del socialismo a través de la experiencia, una escuela de socialismo. Si llegara a quedar algún excedente, es la comunidad la que decidiría qué hacer con él.
   Esta experiencia no continuó su desarrollo y fue interrumpida por problemas relacionados con la inseguridad, falta de persistencia de los miembros de la comunidad y falta de apoyo institucional. Pero podrá retomarse en un futuro cercano. Como en esta y otras experiencias que tienen lugar en Venezuela, se requiere crear de manera planificada, con propósitos socialistas, espacios en los que se pueda experimentar nuevas formas y métodos de intercambio. Su observación y evaluación, así como la del comportamiento de los diferentes grupos humanos frente a su aplicación y resultados prácticos, deberá servir para desarrollar la teoría de la economía política de la transición del capitalismo al socialismo, es decir, de la construcción del socialismo en su primera fase.
   Esto permitirá, con la participación de productores y consumidores, y de los diversos grupos no parasitarios de la sociedad, establecer los sistemas, procedimientos y mecanismos que en la práctica hagan posible un intercambio socialmente justo y eficiente. Un intercambio que permita satisfacer las necesidades humanas, sin que en este proceso se verifique la explotación de unos seres humanos por otros, ni la acumulación privada de capital.
   Con este propósito se empiezan a realizar procesos sistemáticos de formación y auto-formación, teóricos y prácticos, en los que participa toda la sociedad. Estos permiten poner en evidencia las injusticias e inconveniencias del mercado capitalista. A partir de esos conocimientos, se debe pasar a construir, con la participación de todos los sectores sociales, nuevas formas de relación e intercambio basadas en criterios de igualdad compleja, equidad, justicia social y solidaridad.
Consideraciones finales
   De lo que se trata es de construir desde lo local y lo regional las bases económicas y sociales para que pueda existir equilibrio y control mutuo entre los diferentes sectores sociales e intereses (sanos y no parasitarios) involucrados en los procesos económicos, para que ninguno pueda ejercer un poder hegemónico que afecte negativamente a los demás. Pues hay que tener en cuenta que existen objetivamente intereses que son complementarios y contradictorios al mismo tiempo, como pueden ser entre productores y consumidores. Los productores pueden estar interesados en obtener mayores ingresos, mientras que los consumidores tienen centrado su interés en la buena calidad, cantidades suficientes, precios justos de los productos, etc.
   Con la economía de propiedad social y gestión socialista múltiple que se propone en este trabajo, se pretende que los diferentes sectores complementarios, mediante su participación realmente democrática en el trabajo y la propiedad, tomen decisiones de manera concertada que beneficien equitativamente a toda la sociedad. Se busca que ellos se controlen mutuamente, para contrarrestar los mecanismos que generan incesantemente  burocratismo, corrupción y concentración del poder y la riqueza.
   Esto permitirá que el poder popular en sus diversas formas de organización (consejos de trabajadores, consejos comunales, consejos de productores de materias primas) participe en la planificación de la economía. De esa manera, los órganos de poder del pueblo pueden determinar conjuntamente con el Estado a escala nacional, regional o local, según sea el caso, qué se debe producir, en qué cantidades y calidades, a qué precios vender, etc., y cuál debe ser la distribución adecuada de los ingresos de la empresa: qué parte será para ampliar y mejorar la producción, qué parte corresponde a los trabajadores, qué parte para mejorar la vida de las comunidades y, en general, cómo se distribuirán los excedentes.
   La política del Estado debe orientarse a la construcción planificada y progresiva de sistemas integrales que abarquen el financiamiento y auto-financiamiento comunal, la producción de maquinaria y equipos, materias primas, insumos, procesamiento industrial, distribución y comercialización, hasta llegar a los consumidores finales, para fomentar relaciones socialistas de equidad y cooperación entre los diversos sectores participantes en los procesos económicos. Siempre con participación de los trabajadores, el Estado y los destinatarios de la producción y los servicios, -es decir, los consumidores, el pueblo, a través de los consejos comunales y las comunas socialistas (el poder popular)-, en la propiedad y en las decisiones estratégicas de las redes socioproductivas y en sus empresas claves estructurantes.
   Para lograr este propósito es necesario desarrollar la conciencia socialista, la adecuada capacitación técnico-productiva, la organización y la acción de trabajadores y comunidades. También es importante lograr su articulación eficiente con  los diferentes ministerios, instituciones y organizaciones sociales, concertados en la creación de espacios de reflexión, estudio, investigación y planificación de la construcción de la economía socialista, que permitan el diseño conjunto de los sistemas integrales, así como su ejecución práctica. Esto permitirá avanzar en la creación de las mejores condiciones económicas, sociales, políticas y culturales para convertir en realidad el gran anhelo de El Libertador Simón Bolívar: la mayor suma de seguridad social, estabilidad política y felicidad posibles para toda la población.  
* Rafael Enciso es economista investigador, colombiano, egresado de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia  en 1980.  Realizó estudios en Ciencias Políticas y Sociales entre 1985 y 1987, en el Instituto de Ciencias Sociales en Moscú, en la desaparecida Unión Soviética. Ha trabajado en el área de reactivación económica y generación de empleo y trabajo productivo mediante procesos de autogestión y desarrollo empresarial comunitario. Ha desarrollado trabajos orientados al diseño y construcción de sistemas de economía solidaria para el desarrollo local y regional; así como trabajos relacionados con el diseño de un nuevo sistema socioeconómico y modelo de desarrollo sustentable para el siglo XXI. En Venezuela trabajó desde el año 2006 como Asesor del Viceministerio de Finanzas y Apoyo a la Comercialización del Ministerio para la Economía Popular. En los años 2007 y 2008 se desempeñó como Investigador y Formador del Centro de Investigación, Formación y Apoyo para la Economía Socialista (CIFAES) de la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela (CORPIVENSA), donde realizó Investigaciones relacionadas con la Gestión Socialista de las Empresas y la reestructuración socialista de las cadenas de producción, distribución, intercambio y consumo. En este período escribió en conjunto con Jaime Corena Parra, el libro Didáctica de la Economía Política de la Construcción Socialista. Durante el año 2009 se desempeñó como Asesor del Ministerio de Planificación y Desarrollo donde diseñó una propuesta de “Formación para la Gestión Socialista de las Empresas de Propiedad Social, -la que aún no se ha puesto en práctica en Venezuela-, a partir del trabajo colectivo realizado durante los últimos tres años en el diseño de un Modelo de Gestión para el Socialismo del Siglo XXI, con participación de trabajadores de industrias, instituciones del Estado, Consejos Comunales y productores de materias primas. En la actualidad (2010) trabaja como Asesor de la Presidencia del Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollos Tecnológicos del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (MPPCTII).

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