Array
-
Spanish20/01/13
HAVANA TIMES — Un sector importante de la naciente izquierda critica en Cuba ha propuesto la auto-gestión obrera como piedra angular de un socialismo auténticamente democrático.
Esta es una propuesta bienvenida que no se puede dar por sentada en un país con una larga historia de militancia y luchas sindicales pero carente de tradiciones de autonomía de clase y de grupos, el legado histórico del caudillismo y su centralización desde arriba, y al dominio del Comunismo, en su versión cubana, por más de cincuenta años.
La auto-gestión obrera tiene consecuencias importantes que deben ser exploradas cabalmente. El modelo de auto-gestión obrera adoptado en Argentina y otros países de América Latina es una respuesta valiente y de plena confianza en sí mismos que los obreros han formulado en reacción a largas huelgas, cierres y bancarrotas patronales instituyendo cooperativas administradas democráticamente.
Pero esta respuesta es una táctica local y defensiva. Estas cooperativas son parte de una economía capitalista fuera de su control y por eso la actividad autónoma de estos trabajadores está fundamentalmente limitada por la competencia capitalista y el mercado. Dicho modelo no es pertinente a Cuba donde la auto-gestión obrera se ha propuesto para toda una economía, o por lo menos para sus sectores dominantes.
En ese contexto hay que tomar en cuenta que lo que sucede en cada fábrica o centro de trabajo administrado por los trabajadores está directa e íntimamente relacionado con lo que sucede en otros centros de producción. Bajo el presente estado burocrático unipartidista, la mala coordinación entre unidades y sectores económicos es un gran problema que ha conllevado a un enorme malgasto de recursos.
En el 2009, Marino Murillo Jorge, el Ministro de Economía y Planeamiento, se quejó de que los nuevos equipos eléctricos adquiridos para ahorrar energía habían sido almacenados en vez de haber sido instalados rápida y correctamente.
La prensa oficial también ha reportado sobre el grave impacto que la falta de coordinación entre empresas del estado – como en el caso de las agencias responsables por la reparación de filtraciones de agua – ha tenido sobre la calidad del trabajo, lo que ha propiciado un clima donde nadie se responsabiliza por el proyecto como un todo.
La auto-gestión obrera concebida en términos de la administración aislada de cada centro de trabajo no podría resolver las deficiencias de coordinación del sistema presente. Por añadidura, produciría desigualdades entre los trabajadores de diferentes fábricas y sectores industriales dados las grandes diferencias con respecto al grado de modernización, capitalización y productividad entre industrias así como entre las varias unidades productivas dentro de cada sector.
Esas diferencias, por las que los trabajadores afectados no son responsables, inevitablemente conducirían a grandes diferencias salariales así como de tasas de inversión que perpetuarían dichas desigualdades.
Un sistema de auto-gestión obrera también tendría que enfrentarse a la tarea de innovación económica, especialmente para aligerar la carga de trabajo para el mayor número de personas posible. Conforme a esta lógica de innovación y progreso económico, la economía tendría que crear nuevas unidades productivas y clausurar las obsoletas sin tratar a los trabajadores a la manera capitalista, como objetos desechables destinados al basurero, sino como sujetos, como seres humanos y como trabajadores dignos de un tratamiento equitativo, empleos alternativos equivalentes y compensación total por los costos de desplazamiento.
En ese proceso de innovación, cuando se establece una nueva unidad productiva no existe un grupo previo de trabajadores para fundarla lo cual lógicamente indica que tendría que ser creada por una de entidad de planeamiento democrático.
Aparte de eso, la tarea innovadora no puede dejar la decisión para cerrar un medio de producción obsoleto, que frecuentemente se nutre de los recursos del resto de la sociedad para mantenerse funcionando, exclusivamente en manos de los que ahí trabajan.
De la misma manera, todas las industrias y centros de trabajo administrados democráticamente tendrían que reconciliar las decisiones de los que trabajan en cada una de ellas con las prioridades establecidas para la sociedad en su conjunto.
Para tomar un ejemplo extremo, sería anti-democrático que los medios masivos de comunicación solo transmitieran los puntos de vista de los que trabajan en dichas empresas.
EL MODELO YUGOSLAVO
En Yugoslavia, el sistema de auto-gestión obrera alcanzó un gran peso económico entre los 1950s y los 1970s. Siendo parte de un sistema que combinaba el “socialismo de mercado” con el autoritarismo político, la auto-gestión estaba limitada a cada centro de trabajo individual; el poder político y económico a nivel regional y nacional estaba monopolizado por el estado unipartidista encabezado por la Liga de los Comunistas de Yugoslavia del Mariscal Tito.
Aunque este sistema de auto-gestión local combinado con el autoritarismo regional y nacional produjo un aumento en la iniciativa, participación y decisiones de los obreros en el trabajo así como en la productividad al nivel local, también creó desempleo, ciclos económicos agudos, desigualdad salarial y un aumento creciente de la usurpación de la autoridad para tomar decisiones por parte de los gerentes [Saúl Estrin, “Yugoslavia: The Case of Self-Managing Market Socialism,” Journal of Economic Perspectives, Vol. 5, No. 4, Fall 1991, 189].
La auto-gestión local combinada con la impotencia política y económica de los trabajadores fuera de sus centros de trabajo naturalmente estimuló una visión localista de la realidad. Según el analista yugoslavo Mitja Kamusić, este modelo de auto-gestión creó un aliciente para que los trabajadores sólo se interesaran en inversiones que aseguraran el aumento inmediato de sus ingresos, un empleo estable y mejores condiciones de trabajo, pero no en inversiones a largo plazo o en otras partes de la empresa, o en los tipos de inversiones que hubieran requerido una reducción de personal o su reentrenamiento.
Los trabajadores estaban muy poco interesados en invertir en otras empresas por más viable que fueran, particularmente en aquellas que estuvieran situadas en lugares lejanos. [Mitja Kamusić, “Economic Efficiency and Workers’ Self-Management” en Branko Horvat, Mihailo Markovic y Rudi Supek (eds.) A Reader. Self-Governing Socialism. Volume Two. Sociology and Politics. Economics. White Plains, New York: International Arts and Sciences Press, Inc., 1975, 222.]
Algunas de las actitudes estimuladas por el sistema de la Yugoslavia de Tito plantean de nuevo cuestiones que Carlos Marx discutió en su polémica contra el líder socialista alemán Ferdinando Lassalle en la Crítica del Programa de Gotha.
Para Lassalle, cada miembro de una sociedad socialista debería recibir el “producto total de su trabajo.” Pero Marx señalaba que era necesario hacer deducciones del producto total para reemplazar los medios de producción que habían sido utilizados, para expandir la producción (una expansión consciente de consideraciones ecológicas es indispensable para mejorar el nivel de vida de la gran mayoría de la población), y para crear una reserva para responder a accidentes y catástrofes naturales.
También habría que hacer deducciones de los bienes de consumo para sufragar los gastos de administración no pertenecientes a la producción, y para aquellos gastos destinados a la satisfacción de necesidades como escuelas y servicios de salud, así como para los discapacitados que no pueden trabajar.
LA IMPORTANCIA DE LA COORDINACIÓN
Todo esto subraya el hecho que un sistema democrático de auto-gestión requiere de un proceso de toma de decisiones que coordine la economía en general de una manera totalmente transparente.
Para que este proceso de decisiones sea democrático, los propósitos y demandas provenientes de numerosos y diversos sectores sociales tienen que ser integrados en programas internamente coherentes que necesariamente va a provocar desacuerdos.
Esta debe ser una razón y propósito para la existencia de los partidos políticos: servir como foros para debatir las alternativas y prioridades socio-económicas para la sociedad como un todo. Esto requiere la abolición de la “unidad monolítica” y del partido único impuesto por la Constitución.
En esta democracia, una de las cuestiones más importantes que tendría que discutirse es la cantidad y los tipos de acumulación requeridos por la sociedad; en otras palabras, si reducir el ahorro para mejorar el nivel de vida en el presente, o aumentar el ahorro, a pesar de la escasez actual, para ofrecer un mejor futuro a las generaciones venideras.
También sería necesario tomar decisiones sobre los sectores a cuya costa se deben realizar los ahorros de la sociedad. Los mecanismos del mercado siempre favorecen la eliminación de unidades o sectores económicos no rentables, pero puede ser aconsejable dejarlos seguir y hasta ser subsidiados por razones sociales muy razonables.
Esto no quiere decir que todas las empresas económicas deban ser subsidiadas; la economía sufriría una severa inflación y pérdida de capital. Pero una política económica racional puede incluir un uso calculado y medido de subsidios para propósitos específicos bien pensados.
Es concebible, aunque muy poco probable, que el Partido Comunista Cubano pueda ser obligado a permitir la auto-gestión obrera en las fábricas y oficinas. Pero si esto sucede, esa auto-gestión quedaría limitada a la operación aislada de cada centro de trabajo mientras que el partido único continua manteniendo su control sobre la coordinación de los varios sectores de la producción y la economía en general.
Cornelius Castoriadis, quizás reflejando todavía la tradición marxista anti-estalinista en la que se entrenó, describió esta situación como si los “especialistas de lo universal”, es decir el partido gobernante, dijera: “Ustedes váyanse a administrar su rinconcito, eso está bien. En cuanto a nosotros, nos haremos cargo de la coordinación general de las actividades.”
Obviamente, si esto ocurriera, la “auto-gestión” local rápidamente perdería todo su sentido, dado que la cuestión de la integración de las varias “unidades sociales” no puede resolverse milagrosamente por sí misma, y no es un aspecto de tipo secundario o externo cuya repercusión en cada unidad puede permanecer estrictamente circunscrita y tenga una importancia limitada.
Es absurdo pensar en fábricas socialistas o simplemente auto-gestionadas en el contexto de una “coordinación” burocrática de la economía y sociedad’ [‘“The Only Way To Find Out if You can Swim is to Get into the Water’: An Introductory Interview (1974)” en David Ames Curtis (ed.) The Castoriadis Reader, Oxford, U.K.: Blackwell Publishers, 1997, 7-8.]
Hay quienes argumentan que una economía socialista democrática puede ser mucho mejor administrada en el contexto de una forma u otra del socialismo de mercado. Este no es el lugar para debatir un tema sobre el cual se han publicado cientos de artículos y libros.
En todo caso, eso es un asunto que los cubanos deberán decidir cuando tengan la libertad de debatir un tema de consecuencias tan enormes. Cuando llega ese momento, personas tales como este autor, abogarán por una economía democráticamente planificada como la única forma en que la gente puede controlar su destino, político y económico.
----
*Samuel Farber nació y se crió en Cuba y es el autor de muchos libros y artículos sobre dicho país. Su libro más reciente es Cuba Since the Revolution of 1959. A Critical Assessment (Haymarket Books, 2011).9 Julio 2012
Συνεταιριστικό Κίνημα, Samuel Farber, Εργατική Αυτοδιαχείριση, Εργατικός Έλεγχος, 21ος αιώνας – Εργατικός Έλεγχος στη Σύγχρονη Εποχή, Κούβα, Λατινική ΑμερικήTopicΝαιΝαιCurrent DebateΌχι -
Spanish20/01/13Alternativas desde la autogestión y el trabajo frente a la crisis económica global
Del 9 al 12 de julio de 2013 se realizará el IV Encuentro Internacional
“La economía de los trabajadores, en João Pessoa, en el estado de
Paraíba, Brasil*.
En un contexto internacional donde la crisis global capitalista afecta
aún más a los países europeos, especialmente los de la zona
mediterránea, y la única reacción de los gobiernos consiste en las
mismas recetas que ya han probado en el resto del mundo que solo llevan
al empobrecimiento, la desocupación estructural, la marginación y la
precarización de la vida de las mayorías sociales que viven de su
trabajo, grandes movimientos de protesta han comenzado a reaccionar en
los países “desarrollados” más afectados por la crisis, volviendo a
poner en el centro de la escena la necesidad de que la gestión de la
economía no sólo contemple las necesidades sociales, sino de que esté en
manos de trabajadores y trabajadora.
El Encuentro Internacional “La Economía de los Trabajadores” busca poner
estas cuestiones y otras relacionadas con la lucha de los trabajadores y
trabajadoras en debate entre diferentes perspectivas y contextos
nacionales, articulando el mundo académico comprometido con estas luchas
con los trabajadores y militantes sociales.
La propuesta del */Encuentro Internacional “La Economía de los
Trabajadores”/* es seguir con el examen y sistematización de estas
experiencias, tanto en la crítica y resistencia a la gestión de la
economía por los capitalistas, como en la conformación de sus propias
formas de conducción.
Este IV Encuentro al que estamos convocando, se llevará a cabo en el
nordeste del Brasil, en el estado de Paraíba, organizado por la
Incubadora de Empreendimentos Solidários – INCUBES, de la Universidad
Federal de Paraiba y el Programa Facultad Abierta, de la Universidad de
Buenos Aires.
*Ejes de debate:*
Los ejes de debate son los siguientes:
1.Crítica de la gestión capitalista de la economía y propuestas de
autogestión global
2.La nueva crisis del capitalismo global: análisis y respuestas desde la
economía de los y las trabajadoras.
3.La Autogestión, balance histórico: de las comunidades tradicionales al
movimiento obrero
4.La Autogestiónen la etapa actual: sus problemas y potencialidades.
Empresas recuperadas, cooperativas, emprendimientos autogestionarios de
los pueblos originarios, campesinos, y de los movimientos sociales.
5.Autogestión y Género: Creando Democracia.
6.La experiencia socialista: crítica, pasado y futuro
7.Los desafíos de la experiencia sindical en el capitalismo neoliberal
global.
8.Trabajo informal, precario y servil: ¿exclusión social o reformulación
de las formas del trabajo en el capitalismo global?
9.Los nuevos movimientos de respuesta a la crisis económica global:
perspectivas desde las luchas por la autogestión.
10.La Universidad, trabajadores y movimientos sociales: debate acerca de
metodologías y prácticas de construcción mutua
*Fecha límite para envío de resúmenes de ponencias: 22 de abril de 2013*
*Divulgación de ponencias aprobadas:2 de mayo de 2013*
*Fecha límite para envío de trabajos aprobados completos: 30 de junio de
2013*
Email para envío de los Resúmenes de Ponencias:
Portugués: mausarda@yahoo.com.br <mailto:mausarda@yahoo.com.br>(Mauricio
Sardá, Coordenador INCUBES/UFPB)
Español: _centrodoc@gmail.com <mailto:centrodoc@gmail.com>_ (Centro de
Documentación de Empresas Recuperadas, Programa Facultad Abierta, UBA,
Argentina).
Inglés:marcelo@vieta.ca <mailto:marcelo@vieta.ca> Marcelo Vieta
(Universidad de York, Canadá)
*Más información sobre el Encuentro Internacional “La economía de los
trabajadores” y sus ediciones 2007, 2009 y 2011: *
www.recuperadasdoc.com.ar <file:///C:/Andr%C3%A9s/Dropbox/III%20Encuentro>
https://sites.google.com/site/estudiosdeltrabajouamx/Εργατική Αυτοδιαχείριση, Εργατικός Έλεγχος, 21ος αιώνας – Εργατικός Έλεγχος στη Σύγχρονη Εποχή, Λατινική ΑμερικήTopicΝαιΝαιNoΌχι -
French17/01/13
Maurice Najman, journaliste ayant travaillé notamment à Libération et au Monde Diplomatique, était un militant d’extrême gauche, passionné par la culture underground. C’est une des figures du mouvement contestataire de mai 1968, ayant notamment co-fondé les Comités d’Action Lycéens (CAL) en 1967.
Maurice Najman est issu d’une famille juive polonaise et parlait le yiddish. Son père fut un militant communiste et sa mère Solange est une rescapée des camps d’extermination. Maurice fonde le noyau initial des Comités d’action lycéen (CAL) en décembre 1967, alors qu’il étudiait au lycée Jacques-Decour à Paris.
Membre de l’Alliance Marxiste Révolutionnaire (AMR), organisation trotskiste de tendance pabliste partisan de l’autogestion dans les années 1970, il obtient un poste de responsabilité au Parti socialiste unifié (PSU) lors de la fusion AMR-PSU en 1975, puis le quitte pour participer à la fondation des Comités Communistes pour l’Autogestion (CCA) en 1977.
Sa vie se partage entre contre-culture, underground et activité politique. Il voulait créer un Front de Libération du Rock. Il milite pour l’autogestion comme « moyen et projet » révolutionnaire.
Maurice Najman est au Chili à l’été 72. Il publie livre « Le Chili est proche ». Il est aussi en contact avec le Portugais Othello de Carvallo pendant la révolution des œillets en 73-74. Il rencontre le Tchèque Vaclav Havel et organise à Paris le soutien du groupe tchèque Plastic People ce qui permet de financer le disque, accompagné des textes de la Charte 77 et d’un livret fait par Kiki Picasso et les graphistes de Bazooka. Après la chute du mur de Berlin, Vaclav Havel le chargera d’organiser l’Assemblée des citoyens. Il rencontre aussi le sous-commandant Marcos au Chiapas (Mexique) et les guérilleros du Nicaragua.
Il soutient les luttes des soldats pour un syndicat lors d’une émission de télévision en face du député RPR Sanguinetti. À l’élection présidentielle de 1988, ayant rejoint la Fédération pour une Gauche alternative (FGA), celle du dissident communiste Pierre Juquin, qui était appuyé par le PSU et la LCR. Il joue alors un rôle important dans la campagne de Juquin.
Après la chute du mur de Berlin, il rencontre le chef du renseignement extérieur de la RDA, Markus Wolf. Il sort un documentaire sur le sujet, Le Dos au mur, pour France 3, primé au festival d’Angers et un livre, L’œil de Berlin – Entretiens de Maurice Najman avec le patron des services secrets est-allemands.Maurice Najman a travaillé comme journaliste pour Libération, L’Événement du Jeudi, L’Autre Journal et Les Nouvelles Littéraires ; son dernier article, sur la Guerre du Golfe (1990-1991) sera publié dans Le Monde diplomatique. Il continuera à militer dans les années 1990, travaillant notamment en liaison avec le DAL (Droit au logement) lors de l’occupation de l’immeuble de la rue du Dragon.
Militant révolutionnaire d’une rare intelligence et sensibilité, particulièrement attachant (mais parfois difficile à suivre), toujours à la recherche dans la vie des manifestations des luttes révolutionnaires, il fut un ardent défenseur de toutes les expressions et les luttes autogestionnaires.
Nous publions ici un de ses textes paru en 1984 dans la revue Résister qui présente différentes expériences de contre-plans ouvriers en Europe :
Association Autogestion
17 janvier 2013
http://www.autogestion.asso.frAuthorsΝαιΝαιNoΌχι -
German13/01/13Umkämpfte Wiederaufnahme der Arbeit nach dem Streik
Am 10. Juni 1968 filmten Studenten der Pariser Filmhochschule IDHEC diese zehnminütige Szene vor den Wonder-Werken in Saint-Ouen. Nach einem dreiwöchigen Streik mit Werksbesetzung sollte an diesem Tag die Arbeit wiederaufgenommen werden. Vor dem Werk kommt es zu heftigen Diskussionen zwischen einer jungen Arbeiterin und Stellvertretern der französischen Gewerkschaft CGT. Die Arbeiterin weigert sich verzweifelt den Streik zu beenden und wieder zur Arbeit zu gehen, da die Arbeitsbedingungen und die Löhne nach wie vor miserabel sind. Die Gewerkschafter reden auf sie ein und versuchen, die geringen Zugeständnisse des Unternehmers an die Streikenden als Sieg darzustellen.
Diese ungeschnittene Szene sollte Teil eines längeren Dokumentarfilms sein. Vier Tage später, am 14. Juli 1968, verschwand auf ungeklärte Weise sämtliches Filmmaterial. Mit „La reprise du travail aux usines Wonder“ ist die einzig Sequenz diese Filmvorhabens und ein beeindruckendes Zeitdokument über das Ende eines Arbeitskampf in Frankreich nach dem Mai 1968 überliefert.
Regie: Jacque Willemont
1960-2000 – Εργατικός 'Ελεγχος ενάντια στην Καπιταλιστική Αναδιάρθρωση, Κριτικές Ταινιών, Φεμινισμός & Έμφυλο, Εργασιακή Διαμάχη, Συνδικαλισμός, Γαλλία, ΕυρώπηMediaΝαιΝαιCurrent DebateΌχι -
German11/01/13Eine Verteidigung gegen seine Verächter
Die Aufarbeitung und Neuvermessung sowie die öffentlichen Debatten des globalen Ereignisses »1968« fanden anlässlich des 40. Jahrestages ein lang anhaltendes publizistisches Echo. Demgegenüber hielt sich aus gleichem Anlass die Erinnerung an den »Prager Frühling« und die militärische Intervention von Warschauer Pakt-Staaten vom 21. August 1968 in Grenzen und verblieb in einem bloß kurzfristigen historischen »Aufpolieren« dieser Ereignisse in den einschlägigen Feuilletons. Vordergründig mögen die kulturelle Kritik und sozialen Protestbewegungen von New York über Paris bis Westberlin gegen die gesellschaftlichen Blockaden in den kapitalistischen Metropolen für den geschichtlichen Verlauf im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts bedeutsamer gewesen sein und daher für eine Erinnerungskultur inklusive ihrer Mythenbildung publizistisch mehr hergeben als die Aufarbeitung des definitiven Scheiterns der nachstalinschen Reformen in den staatssozialistischen Gesellschaften in der DDR und Osteuropa. Die eigentliche Herausforderung von »Prag ’68« liegt aber in einer
»Erinnerungskultur der Niederlage«.Erstveröffentlichung in der Zeitschrift "Sozialismus", Nr. 11/2008.
Εργατικός Έλεγχος υπό τον Κρατικό Σοσιαλισμό, Christoph Lieber, Πολιτικά Κόμματα & Εργατικός Έλεγχος, Συνδικαλισμός, Εργατικά Συμβούλια, Πρώην Τσεχοσλοβακία, ΕυρώπηTopicΝαιΝαιNoΌχι -
German11/01/13
Auch für die sozialistischen Länder in Osteuropa markierte das Jahr1968 einen Knotenpunkt. Aber bewegten sich im Frühjahr 2008 die Deutungskämpfe um den Pariser Mai, die APO, den SDS, die Anti-Vietnam-Proteste oder die Marx-Renaissance von '68 zwischen nostalgischen Rückblicken, Selbstbestätigung, scharfer bis denunziatorischer Polemik und (Selbst-)Abgrenzung, so wird die Erinnerung an den 40. Jahrestag des »Prager Frühling« nüchterner ausfallen, zumal er nicht ohne den 21. August 1968 zu denken ist, an dem dieser kurze Frühling schon wieder zu Ende war.
Erstveröffentlichung in der Zeitschrift "Sozialismus", Ausgabe 7/2008.
Εργατικός Έλεγχος υπό τον Κρατικό Σοσιαλισμό, Christoph Lieber, Πολιτικά Κόμματα & Εργατικός Έλεγχος, Συνδικαλισμός, Εργατική Αυτοδιαχείριση, Εργατικά Συμβούλια, Πρώην Τσεχοσλοβακία, ΕυρώπηTopicΝαιΝαιNoΌχι -
French09/01/13
Avec la situation de crise financière et économique, l’Etat espagnol a commencé à réduire très sérieusement sa voilure. Ainsi la fermeture d’entreprises et les licenciements se sont succédé –et continue à se succéder- laissant une traînée de chômeurs. Dans la fièvre de protestations et de résistance, la transformation sociale (avec l’autogestion comme élément central) s’exprime avec force dans l’horizon en Espagne.
Il y a à peine cinq ou six ans, parler d’entreprises récupérées ou de coopérativisme en Espagne aurait été manier des concepts non seulement marginaux sinon profondément éloignés des intérêts et expériences de la grande majorité de la population. Dans le cadre de la société de la bulle financière, la consommation débridée et la « fête » de la jeunesse, personne n’envisageait -ou seulement des groupes réduits ou très localisés géographiquement- la nécessité de travailler par soi-même dans une perspective horizontale ou éloignée du modèle capitaliste.
Marinaleda ou Mondragón étaient des expériences autogestionnaires de dimension globale, mais ce qui est sûr, c’est que l’immense majorité de la population hispanique restait profondément éloignée des valeurs qui les sous-tendaient.
Cependant, il n’en fut pas toujours ainsi. Sans devoir remonter aussi loin que les collectivisations, qui surgirent au cours de la guerre civile de 1936-39 (qui couvraient une grande partie de l’industrie, des services et l’agriculture de la zone républicaine), dans le scenario de la Transition espagnole du franquisme à la démocratie, dans les années 70, l’expérience de récupération d’entreprises par ses travailleurs à joué un rôle marquant.
C’était des temps de crise, de fractures et de grands mouvements populaires. C’est au cours de cette période qu’émergèrent des expériences comme celle de Númax, une usine de matériel électrodomestique autogérée par les ouvriers en réponse à la tentative de fermeture illégale de la part des patrons, dont l’expérience est restée incarnée dans deux films documentaires Joaquím Jordá : Númax vit et 20 ans ce n’est pas rien.
Certaines des expériences de ces années ont survécu malgré tout jusqu’à aujourd’hui, comme l’entreprise barcelonaise Mol Mactric, capable de réaliser aujourd’hui les châssis d’une ligne du Metro de Barcelone, le train et des centaines de machines industrielles pour des entreprises comme General Motors ; ou l’imprimerie Gramagraf, occupée il y a 25 ans, et qui aujourd’hui appartient au groupe éditorial coopératif Cultura 03.
Mais la transition s’est achevée. Et, elle a produit un grand fiasco. Les principes essentiels du régime franquiste ont été maintenus dans ce qui a consisté en une simple réforme politique qui a intégré le pays dans le cadre de l’Union européenne et de l’OTAN, et qui si elle a concédé certaines libertés publiques, n’a pas remis en cause les mécanismes essentiels de répartition du pouvoir économique et social. Les grands mouvements populaires ont périclité et le « désenchantement » et le cynisme se sont substitués à l’expérimentation et à la lutte. Les propositions autogestionnaires n’ont pourtant jamais disparu mais elles ont été reléguées dans un espace purement marginal.
Et, il en fut ainsi pendant que la société de la bulle financière et sa consommation débridée et irresponsable est restée de vigueur. Comment ? Fondée sur le crédit et la surexploitation du travail des immigrés et des jeunes, grâce à la précarisation des conditions de travail et la conformité d’une législation relative au statut d’étranger, l’activité dissimulée et sans droits s’est (de fait) développée.
A l’arrivée de la crise financière et économique actuelle, les structures se modifiaient et tout évoluait : l’explosion du taux de chômage atteignant des niveaux extrêmes jamais vus précédemment dans la société espagnole et la dégradation rapide du tissu productif et entrepreneurial -à l’éclatement de la bulle immobilière- ont généré une situation radicalement nouvelle qui a impliquée le début de grandes transformations économiques mais également socioculturelles.
Le chômage et une nouvelle pauvreté contraignaient de larges couches de la population vers l’économie dissimulée et l’encaissement des maigres subsides d’un Etat de Bien-être, qui n’est jamais parvenu à se développer en Espagne à un niveau équivalent à celui des pays centraux de l’Europe.
Les extrêmes (plus précisément, extrémistes) ajustements, mis en œuvre par les pouvoirs publics face au déclenchement de la crise de la dette externe générée par la socialisation des dettes privées des entités financières, ont provoqué l’effet qu’il fallait attendre : l’Etat espagnol est devenu un gigantesque champ de ruines économiques où les fermetures d’entreprises se sont succédé et où de larges secteurs de la population ont commencé à être exclus de l’activité productive.
C’est dans ce contexte que les succès du 15 mai de 2011 ont éclaté et que le « Mouvement des Indignés » a fait irruption avec force et que les premières tentatives massives de résistance se sont exprimées face au processus de décomposition sociale imposé par les dynamiques néolibérales de l’UE et les gouvernements espagnols.
Dès lors, l’architecture politique de la société est redevenue un élément débattu et discuté publiquement. La politique a récupéré une certaine centralité dans les conversations quotidiennes et dans l’esprit d’une majorité de la population. Parler maintenant de mobilisations, de résistance ou de transformation sociale (avec l’autogestion comme élément central) est redevenue possible.
Déjà, dans les mois précédents, en plein déploiement de la crise, les germes et les semences de cette nouvelle situation s’étaient développés. Et, le recours à la récupération d’entreprises par leurs travailleurs était redevenu crédible.
En ce sens, au tout début de la crise, près de 40 entreprises avaient été récupérées par les travailleurs et remises en fonctionnement sous statut coopératif, comme l’affirme la Confédération de Coopératives de Travail Associé (COCETA). Parmi celles-ci, nous pouvons relater des expériences comme celle de l’entreprise de robotisation Zero-Pro de Porriño (Pontevedra – NdT : Galice) ou celle de meubles d’agencement de cuisine Cuin Factory en Vilanova i la Geltrú (Barcelone), dans laquelle l’ancien chef a participé activement à la transformation en coopérative et, où tous les travailleurs se sont attribué un salaire égalitaire de 900 euros. L’entreprise métallurgique Talleres Socar à Sabadell (NdT : Banlieue de Barcelone) a également été mise en autogestion avec l’appui du propriétaire et reconvertie dans la coopérative Mec 2010.
Mais probablement, l’initiative la plus frappante et connue aura été la mise en marche par les ex-employé-e-s du journal à tirage national Público, qui a arrêté d’être édité en version papier le 23 février 2012, laissant 90 % de ses travailleurs à la rue. Ces derniers ont constitué la coopérative Más Público, qui tente d’obtenir un soutien social et financier pour continuer à publier le journal en version mensuelle.
Cependant, et malgré toutes ces expériences, on ne peut pas considérer que la voie de la récupération d’entreprises soit devenue quelque chose de naturel ou développée : les travailleurs, dans les situations de fermeture, continuent massivement à se satisfaire des prestations sociales que leur propose un Etat du Bien-être de plus en plus faible et contesté. Les difficultés liées au statut juridique des coopératives dans le droit espagnol, tout comme la quasi-absence de prévisions par rapport à la Loi d’adjudication, associée à une certaine passivité alimentée par des décennies d’univers spéculatif et conformiste, constituent probablement des freins à la stratégie de récupération.
Ce qui assurément paraît de plus en plus évident, c’est le recours croissant au coopérativisme de la part de beaucoup de chômeurs qui, devant la situation d’anomie productive et d’absence d’expectatives pour retrouver un emploi, recourent à la possibilité de capitaliser une prestation de licenciement pour créer des entreprises autogérées. Les exemples sont innombrables (comme celui de la coopérative d’électricité renouvelable Som Energía, créée en décembre 2010) et, dans certains cas, ils démontrent des liens évidents avec les mouvements sociaux (comme ceux relatifs à la mise en œuvre d’expériences créées à l’image ou ressemblante à la Coopérative Intégrale Catalane, ou bien celles du milieu libertaire, comme celle de l’imprimerie graphique Tinta Negra – Encre Noire). Effectivement, entre janvier et mars 2012, 223 nouvelles coopératives ont été créées dans l’Etat espagnol.
Il n’y a pas de doutes. De nouveaux chemins sont en train d’être parcourus (NdT : tracés) par la société espagnole. Et, parmi ceux-ci, le chemin de l’autogestion commence à être de plus en plus courant.
Association Autogestion
9 janvier 2013
http://www.autogestion.asso.fr
Traduction du castillan de Richard Neuville
http://iceautogestion.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5... espana&catid=19%3Anoticias&lang=es&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Icea+%28ICEA%29José Luis Carretero Miramar, Εργατική Αυτοδιαχείριση, 21ος αιώνας – Εργατικός Έλεγχος στη Σύγχρονη Εποχή, Ισπανία, ΕυρώπηTopicΝαιΝαιNoΌχι -
English31/12/12All over the country, people—like the workers of Chicago’s New Era Windows—are building worker-owned cooperatives that root jobs in the communities that need them.
The workers of the just-formed New Era Windows cooperative in Chicago—the same workers who sat in and forced Serious Energy to back down on a hasty shutdown of their Goose Island plant a few months ago, and famously occupied the same factory for six days in December 2008—are doing more than putting together a bold plan for worker ownership. They are likely to move the entire subject into national attention, thereby spurring others to follow on. Though they have a powerful start, if the past is any guide they will need all the help they can get—financial as well as political.
I was one of the architects of an attempt to establish a worker-owned steel mill in Youngstown, Ohio in the late 1970s—a plan that began with powerful intentions, the financial support of the Carter administration, and the backing of religious and political leaders in the state of Ohio and nationally. The plan was on track, including a promised $100 million in loan guarantees from the Carter Administration—until, somehow, those opposed to the plan sidetracked the effort. The promised money conveniently disappeared just after the 1978 elections had passed.
The Chicago workers have a much, much greater chance of success. They have the skills they need to run a manufacturing business. They have a good market (an energy-efficient window is a good friend in a Chicago winter, after all), and heavy, fragile, made-to-order windows are much less vulnerable to global competition than other products. And, thanks to their inspiring struggle to keep their jobs, they can count on a significant amount of public support.
They also have the backing of the United Electrical workers (UE), an independent and fiercely democratic union; and the support of the Working World, a nonprofit that has helped make hundreds of loans toArgentina’s thriving network of “recuperated” worker-owned businesses.
Above all, their own track record of bold and brave action to defend their jobs is promising in itself, and stirring in terms of public response: Many more people are rooting for this company than your average small manufacturing startup.
The workers are taking this very seriously—after all, it’s their livelihoods on the line. For the past few months, they have been engaged in intensive trainings in cooperative management, building the skills they’ll need to not just make windows but market their product and secure and fulfill contracts. They’ve been scraping together a thousand dollars each to buy into the newly formed cooperative. And they’ve been exploring city programs—like a Midway airport noise insulation project and a city-wide energy retrofit effort that could generate significant contracts.
Still, this is a tough business. If there is one lesson from the early days of worker ownership attempts, it is that building a powerful local and national support group of public figures, nonprofit organizations, national labor and religious leaders, and others can be of great and unexpected importance. It can help keep the story alive at critical times, and also help create and sustain a market. (Churches, for instance, buy a lot of windows, as do many other nonprofit organizations.)
As the workers in Chicago deal with the myriad of tasks involved in raising money, negotiating with their former employer, Serious Energy, to purchase the factory’s equipment, and restarting production (not to mention learning how to democratically manage their own workplace!), building local and national alliances to support their work is a critical task that can be taken on by allies.
What’s happening in Chicago is part of a very important national trend: Many parts of the country are looking toward worker ownership as a way to root jobs in the communities that need them. In Cleveland, for instance, a community foundation, with the support of local universities and hospitals, is helping create a network of interlinked green worker cooperatives as part of an economic development strategy designed to help lift devastated neighborhoods out of poverty. With an industrial scale laundry and a solar installation and weatherization firm already operational, and a 3.5-acre urban greenhouse scheduled to launch in a few months, the Cleveland model is one that many other cities—including Pittsburgh, Atlanta, and Washington, D.C.—are actively exploring today. Crucially, the model developed in Cleveland looks beyond the individual worker-owned company to understand how a community can support the businesses and workers that in turn support it: In this case, the purchasing power of the city’s largest so-called “anchor institutions” is mobilized to develop worker-owned jobs in the very neighborhoods these institutions call home.
Moreover, there is now a quiet trend in the union movement—away from disinterest in new forms of ownership and towards positive assistance. The United Steelworkers, working jointly with Mondragón (the 80,000-member complex of cooperatives in the Basque country), have taken the lead in proposing and developing “union coops” that will combine worker ownership and the collective bargaining process. The Service Employees union (SEIU) has taken some interesting steps here as well, with a worker-owned and unionized laundry slated to launch in Pittsburgh this year, and a groundbreaking partnership with New York City’s Cooperative Home Care Associates, the largest worker cooperative in the United States. Also notable is a growing sophistication among unions regarding a far more common form of U.S. worker ownership, the ESOP, or Employee Stock Ownership Plan (which involves 10 million workers): Unions like the United Food and Commercial Workers (UFCW) are taking a strong role in making sure workers’ interests are protected as companies convert to worker ownership.
The Chicago workers’ effort is important, not only on its own terms but as a beacon of hope and an opportunity for many others to learn about a building an economy that perhaps will one day take us past ownership by the 1 percent to a very different democratic model. It’s time for others—individuals, groups, activists, churches, non-profit organizations—to do what we can to help make sure they succeed.
Update: Since this article was first published on CommonDreams, events have demonstrated just how important broader community support is to efforts like that at New Era. Serious Energy was on track to liquidate the plant's assets instead of following through on its pledge to help the workers save their jobs, until a combination of online and offline activism—including a march on Serious Energy investors Mesirow Financial in Chicago—brought the company back to the negotiating table. Ongoing support is likely to be needed as the workers at New Era continue their fight for a cooperative workplace.
Reprinted from Yes! Magazine, Jul 11, 2012
Gar Alperovitz is a Professor of Political-Economy at the University of Maryland and co-founder of the Democracy Collaborative.
Συνεταιριστικό Κίνημα, Gar Alperovitz, New Era Windows, Ανακτημένες Επιχειρήσεις, Εργατική Αυτοδιαχείριση, 21ος αιώνας – Εργατικός Έλεγχος στη Σύγχρονη Εποχή, Η.Π.Α., Βόρεια ΑμερικήTopicΝαιΝαιNoΌχι -
English30/12/12The wave of factory occupations continuing through 2009 may represent only the beginning of a broader sit-down movement throughout the world, and, following examples in Latin America, demands for work
The traditional path of labor-management collective bargaining has taken a dramatic turn in an era in which unions are too weak or timid to take action even as joblessness grows and companies losing financing are forced into bankruptcy by their creditors. As plants close and layoffs grow—and as workers recognize they can no longer interrupt the workflow with a strike when there is no flow to be interrupted—they are engaging in militant action to save their jobs and livelihoods.
Over the last decade sit-down strikes were largely confined to Latin America and elsewhere in the global South, where workers occupied factories in response to economic collapse. But the tide of direct action by workers and some unions seems to be moving north. Workers in the global North are now engaging in a wave of factory occupations and other militant actions. Many of these actions are in the syndicalist tradition of workers directly taking power; in some cases workers are acting on their own, in others they are leading lackadaisical unions to support their efforts. The current crisis in manufacturing has rendered a growing number of officially-recognized unions with government-sanctioned collective bargaining agreements nearly helpless and could lay the basis for escalating direct actions by workers, possibly ushering in a more militant union movement.
In the United States and much of Europe, worker radicalism was in check for decades even as unions repeatedly offered up concessions to managers, ostensibly to save their factories. While workers have been viewed by corporate managers as docile and weak-willed, “when workers are threatened by management they seriously consider breaking the rules and fighting back,” according to auto worker and activist Gregg Shotwell.
Shotwell, who worked at the Delphi auto parts plant in Flint, Mich., is a founder of Soldiers of Solidarity (SOS), a rank-and-file association that continues to resist United Auto Workers (UAW) policies of concessionary bargaining that have all but destroyed a way of life for unionized manufacturing workers in the United States. SOS formed as a worker insurgency in November 2005 following Delphi’s bankruptcy filing and the union leadership’s lackluster response. Workers at Delphi plants throughout the Midwest feared the worst—plant closures and abrogation of health and pension benefit agreements that were guaranteed after the auto parts unit was spun off by GM in 1999. Independent of the UAW, they waged a mass “work to rule” campaign as a means of sabotaging the company’s plans for mass layoffs.
The 2005-2006 insurgency at Delphi was not a replay of the storied 1936-1937 Flint sit-down strike. Still, through deftly organized slow-downs and direct action on the shop floor (for instance, simply not fixing machines, thereby slowing the production process—known as “putting machines down”), and without the support of the UAW, the Delphi workers saved their health benefits and pensions. Says Shotwell, “A sit-down strike will not come out of a political philosophy, but will occur when workers feel they will lose everything if they stay complacent and take no action.”
The global capitalist economic crisis that began in 2007 is unquestionably creating the kinds of conditions Shotwell describes for an increasing number of workers. This crisis has led to the devaluation of labor-management contracts that purportedly exchanged labor peace for decent wage and benefit standards and a modicum of job security. The closure of manufacturing plants in North America and Europe has swelled the ranks of distressed, frequently older, workers seeking to preserve the economic security they once took for granted. As welfare-state-based guaranteed benefits and unemployment insurance have been eroded since the 1980s thanks to the rise of neoliberalism, workers have been forced to rely on employer- or union-based benefits. However, in the last year, the economic collapse has exposed the failure of neoliberal capitalism to ensure economic security through either public or private avenues.
While we have yet to witness the recurrence of factory takeovers on a scale akin to the Italian Biennio-Rosso (“Red Years”) of 1919-1920, when some 500,000 factory workers seized and operated factories, mostly without official union sanction, today a resurgence of rank-and-file militancy palpable. Just in the last year, a growing number of workers who had until recently been viewed as conservative and quiescent have begun to take matters into their own hands, engaging in the most militant of activities.
In the United States, the Republic Window and Door sit-down strike in Chicago in December 2008 and the threatened factory occupation of Hartmarx, the men’s suit manufacturer based in Des Plaines, Ill., in May 2009, have received considerable attention. At Republic the occupation got the workers the back pay and other benefits they were owed; at Hartmarx, where workers had the support of their union, the new SEIU affiliate Workers United, a threatened sit-down helped save some 3,000 jobs.
Notably, in both of these cases, workers took on the banks and creditors who sought to liquidate the firms in order to enhance their own balance sheets. Their move to demand accountability not only from their direct employers but also from financial firms, including some that had received government bailouts, strengthened their case and brought added attention to their struggle. If creditors and manufacturers continue a pattern of arbitrarily shutting profitable firms to improve their financial ratings, it is likely that a wave of worker factory occupations could occur in the United States.
But it is in Europe that the new militancy is already most pronounced. Varied repertoires of direct action are emerging in different countries, from factory occupations in Britain and Ireland to “bossnappings” in France.
During the first six months of 2009, Unite, the UK’s largest trade union, representing nearly 2 million members, reported that employers laid off over 94,000 members. Formed in 2007 through a merger of the Transport and General Workers Union and Amicus, Unite represents workers across many industries, from finance to manufacturing.
As the global economic crisis has erupted, Unite has fought mass layoffs while publicly resisting corporate efforts to abuse the so-called redundancy system when going into bankruptcy. According to the 1965 Redundancy Payments Act, UK workers with at least two years of service are entitled to a severance payment from their employer. The formula for these payments is based on a number of factors such as age and length of service. The law’s provision for financial compensation for laid-off workers, combined with the fact that many employers agreed to provide larger severance packages than the law required, resulted in a drop in worker resistance to mass layoffs. In the ensuing years, the average number of days lost through strikes against mass layoffs in all industries dropped—from 161,744 a year from 1960 to 1965, to 74,473 a year from 1966 to 1969.
However, more recently companies have instead been offering the legal minimum or else going into bankruptcy, in which case plants land in state receivership (“administration”); the state then assumes responsibility for the severance payments. When companies follow this latter strategy, it presents a number of problems for both workers and the economy. The state severance payments come out of a Redundancy Fund financed by a surcharge on the National Insurance Tax, with limits on how much an individual can be paid from that fund. In addition, workers who are forced into a state-funded severance plan lose any pension or other entitlements earned from their term of service.
These were the issues in play this spring, when workers represented by Unite occupied three Visteon auto parts plants in Britain and Ireland—by far the most significant among the recent sit-downs in Europe due to the extensive public support they received and their potential to erupt into a broader movement among workers.
Visteon makes parts for Ford, which spun the parts division off in 2000, one year after GM spun off Delphi. At the time, Ford promised that its wage, pension, and other benefits obligations would be honored by Visteon. Still, many workers viewed these moves as attempts by the auto companies to rid themselves of pension obligations to a segment of their workforce.
On March 31, 2009, workers at Visteon’s Belfast plant were given six minutes notice that their services were no longer needed. Stunned by Visteon’s arrogance in closing the plant without notice and management’s failure to consult workers in any manner, the workers seized control of the plant. Roger Madison, automotive spokesperson for Unite, commented, “Once again we see how cheap and easy it is to sack UK workers. One minute they were working, but six minutes later they were jobless, pensionless, and looking at the state basic in redundancy pay as their company was placed into [bankruptcy receivership].”
Following the Belfast sit-down, workers also occupied Visteon’s Basildon and Enfield plants. The arbitrary and abrupt nature of Visteon’s mass layoffs traumatized veteran workers. Paul Walker, who had worked at the parts plant in Enfield for 24 years, said the workers wanted to stand firm against global corporations that seek profits at the expense of employees. “This demonstration is to protest how these international companies have treated us. … We were given six minutes to leave the building, immediate redundancy and that’s it. So, we’re here for justice for ourselves.”
Walker was also struck by how Visteon’s abusive treatment developed his working-class consciousness. “It’s funny, I was just a worker before. I came to work, I went home. I really didn’t pay much attention to anything, but my eyes have been opened up. I think that right now is the right time for this [sit-down strike].”
Visteon had set out to rid itself of nearly 600 workers from the three plants. However, the workers’ action forced Visteon and Ford back to the negotiating table. “If we would have walked out, we would have never have gotten [this] far,” observed Charlie Maxwell, a Unite representative. The occupations continued for seven weeks when finally members of Unite voted to accept a settlement involving Ford which, according to Madison, was “ten times what people were being offered originally.” Visteon agreed to a severance of between six and eighteen months’ salary.
The Visteon actions were coordinated and supported by the union to a significantly greater extent than in most other recent cases of militant worker action. They also garnered significant community support, with supporters holding rallies and picketing Ford dealerships throughout Britain and Northern Ireland. Worker and community solidarity was considered the most crucial factor in reaching a settlement at Visteon. At Enfield, the sit-down strike was supported by mass labor and community demonstrations which, according to Ron Clarke, a worker at Enfield, were crucial for the success of the strike: “It took a lot of organizing, but the solidarity of the membership and the people that work [at Enfield] was incredible. It gathered momentum. There was so much support from outside.”
The Visteon sit-downs and protests sent shudders through corporate and government leaders in the United States and Europe, who feared they might lead to a militant workers’ movement, forcing corporations to take into account the economic and social rights of laid-off employees. On April 28, 2009, the corporate human resources journal Personneltoday.com posted a warning that “employers should beware—if successful today, Visteon workers stand to set a very public and very dangerous precedent. … [T]he sheer determination of the workers surely stands as a testament to the lengths employees are now willing to go to secure what they believe is a ‘fair deal’ when they have nothing left to lose.”
Among the other companies in Great Britain and Ireland that have been the targets of militant worker action are auto parts maker Calcast, Waterford Crystal, and Prisme Packaging.
With its skilled labor force and relatively lower wages, Ireland was considered Europe’s economic dynamo over the last decade. Now Irish workers facing plant closures have carried out a number of sit-down strikes. In November 2008, Calcast, a subsidiary of the French auto parts manufacturer Montupet SA which produces parts for Audi, Ford, Peugeot, and Renault, announced it was shutting down its plant in Derry and laying off 90 of 102 workers employed there, with the remaining twelve redeployed in jobs elsewhere. Montrupet’s plans to close the plant were evident even before the financial meltdown. In August 2008 the company announced plans to move its manufacturing toRuse, Bulgaria, which was slated to become the firm’s primary European factory for auto parts.
After management offered severance packages below what it had previously agreed to, the workers occupied the plant, vowing not to leave until better terms were offered. The sit-in had lasted 72 hours when management made a new offer, which the union membership accepted.
In January 2009 another sit-down strike broke out at the Waterford Crystal Factory in Kilbarry, which employed some 700 workers, including nearly 500 factory workers. Waterford workers were not told directly of the plans for a closure, but only found out after it was leaked that a creditor was imminently planning to close the plant. When workers learned of the creditor’s plans, they forced their way into Waterford’s Visitors Centre and occupied the building, setting up a rotating shift system in which some 50 to 60 workers controlled the factory at any given time. The following week, thousands of workers, trade unionists, and community allies massed in rallies in the city of Waterford demanding that the plant remain open.
Two major U.S. corporations contended for ownership of the company. One was Clarion Capital, which sought a concessionary pact to reemploy workers at much lower wages and inferior conditions. KPS, the second bidder, had no interest in operating the facility; it was only interested in maintaining Waterford’s brand names, product designs, and manufacturing processes. With ongoing financial problems in the company, a significant number of workers were prepared to accept a lay-off. But the closure threatened not only 700 jobs but also the workers’ severance payments. The Waterford occupation ended on March 23, when KPS gained control over the company and promised to keep 176 workers. The victory was only partial—while workers gained an additional redundancy payment, the agreement did not prevent Waterford from laying off most of the workers at the plant.
Since the company was in bankruptcy, those workers who lost their jobs would have received the basic national statutory payment for loss of work, rather than the company-promised severance package. KPS offered a 10 million Euro severance package to some 800 workers, including those who had lost their jobs even before the plant closure. This package replaces the company pensions, since Ireland has no pension protection plan for laid-off workers. One worker said: “On the pensions, everyone has been talking hard but little has really been done. It’ll end up in the European courts—which is fine except that people need their pensions today.”
Unite, which represented Waterford’s laid-off workers, did not press the Irish government to nationalize the plant, but assisted in the process of identifying a private buyer. Even after the buyout, rank-and-file workers maintained the necessity of resisting the layoffs, with or without the union. The Waterford strike helped lay the basis for the Irish Congress of Trade Unions (ICTU) and Unite to call a one day solidarity strike and demonstration on March 30. Strikers and protesters demanded that private and public employers honor the Irish National Wage Agreement, which requires firms to adjust wages to the inflation rate, and protested mass layoffs and Ireland’s lack of protection for worker pension plans. The ICTU contends that the Irish government is in “non-compliance with European legislation on pension protection.”
Dundee, Scotland was the site of a sit-down strike in March 2009. A small group of 12 workers occupied the Prisme Packaging factory near the city center to force their employer to pay legally required severance payments, following the company’s decision to lay off its entire workforce. The workers had been given one hour’s notice that the firm was closing. But after receiving notification that the company was planning to withhold severance pay, holiday pay, and backwages, the seven women and five men decided to take control of the factory to prevent the company from removing potentially valuable materials and equipment.
After a 51-day occupation and significant support from the surrounding community in southeastern Scotland, the managing director of Prisme resigned and plans for an independent worker-managed cooperative went into effect. On May 1, Discovery Packaging and Design, Ltd., opened for business with the support of the community and private donations.
In France worker demands are even more militant than in Britain and Ireland, as workers are demanding that employers keep factories open and challenging owner claims as to the financial viability of firms. Worker direct action has extended beyond occupying factories to blocking roads and to holding factory owners hostage in what have become known as “bossnappings.”
Beginning on February 24, 2009, workers at FCI Microconnections, an electronics manufacturer in Mantes-la-Jolie, demanded that management guarantee the future of the plant. Workers believed the company was formulating a plan for mass layoffs. After FCI denied having any layoff plan, over half of the plant’s 400 workers went on strike and occupied the factory, preventing any removal of equipment. The occupation continued for the next seven weeks, even after the French government issued a legal order on March 26 for to the workers to end the sit-down strike. Workers intensified the pressure on management to keep the plant open by traveling to the company headquarters in Versailles, where they set up a barricade preventing the chief executive and corporate staff from leaving for four hours.
While management continued to insist no closure was planned, CGT, the union representing the workers, produced an internal document showing that FCI had developed a detailed plant-closure plan for November 2009. After the company’s plans were revealed and management finally agreed to negotiate the facility’s future, striking workers gained greater support from the non-striking workers. A week later negotiations between the CGT and CFDT unions and management culminated in an agreement guaranteeing that the factory will remain open until 2014 with no job cuts before 2011. FCI workers also won payment for 27 of their 34 strike days.
On Friday, March 6, 300 workers at a Goss International plant in Nantes were informed that the newspaper printing machine plant was to be closed and operations transferred to its factory in Montataire, north of Paris. Goss told workers that due to the “financial crisis,” downsizing measures were necessary. However, since the plant had experienced rapid growth in production capacity in the preceding 14 years, the workers, in disbelief, insisted that it remain open and that the plant manager, who had refused to order the closure, be reinstated by the company. The occupation lasted for five days, until Goss offered assurances that certain operations at the plant could be maintained and that they would fight to save “as many jobs as possible.”
Jean Luc Bonneau, a delegate of the French trade union CFDT, claims that the site is “viable” due to its earnings of “€50 million in dividends to shareholders” in the last five years. According to Bonneau, the “closure has no justification.” In fact, the decision to close the factory at Nantes was made by its ownership MatlinPatterson Global Opportunities Partners, which intends to sell off the entire company to raise cash for new investments in “distressed” businesses. MatlinPatterson is one of the leading “vulture funds” that specialize in buying financially weak businesses and selling them off at a high margin after restructuring. The fate of the Goss workers had little to do with the “financial crisis” and everything to do with higher profitability in other markets.
In late March 2009, workers at a Caterpillar plant in the French Alps briefly held five managers captive in a dispute over severance packages. The incident was the third time in three weeks that French Caterpillar workers had detained their bosses to protest job losses. After announcing 22,000 job cuts worldwide in January and February, Caterpillar sought to lay off 733 workers—about a quarter of the workforce—at its factories in the towns of Grenoble and Échirolles. Combined with those already laid off and those whose short-term contracts would not be renewed, a total of about 1,000 workers at the French factories were losing their jobs.
Pierre Piccarreta, a CGT union representative, called the actions an effort to apply “pressure” so as to “restart negotiations.” He also added, “At a time when the company is making a profit and distributing dividends to shareholders, we want to find a favorable outcome for all the workers and know as quickly as possible where we are going.”
The Caterpillar “bossnappings” seemed to inspire other frustrated workers. In the following weeks workers held a 3M executive overnight, forcing management to discuss job cuts. Workers at Sony’s French division held a chief executive and director of human relations for a day. Two managers from a Kleber-Michelin machine-parts factory in Toul were also locked up and held by workers demanding negotiations over lay-offs.
These acts of worker resistance are on the rise globally as millions of workers feel anger at corporations that are seemingly using the current financial crisis as a cover for laying off long-term workers and restructuring labor markets through plant relocations and wage cuts. Unite, which itself is under financial stress, has held events to call attention to the need to reform Britain’s redundancy laws to prevent employers from using bankruptcy as a means of circumventing severance pay.
The worker actions in Europe represent working-class resistance to employers who arbitrarily shut down plants without the participation of employees. In South America, factory workers have taken the next step by demanding workers’ right to control plants that have been shut down by their owners. In Argentina and Venezuela, workers, who have operated some factories without corporate managers for nearly a decade, are demanding that their governments pass legislation legitimizing the expropriation of factories under worker control.
Under the pretext of the financial crisis, finance capitalists are determined to unload the debt burden off their books, and multinational corporations are closing factories to take advantage of lower-wage workers on a global basis. In response, a growing number of workers vulnerable to layoffs across Europe and North America both within and outside of unions are now resisting closures through sit-down strikes and other forms of direct action. Where unions are unwilling to resist the corporate assault on labor, militant workers are engaging in direct action through factory occupations and mass insurrections demanding that plants be reopened or lay-off benefits improved. The wave of factory occupations continuing through 2009 may represent only the beginning of a broader sit-down movement throughout the world, and, following examples in Latin America, demands for worker control over factories.
Reprinted from Znet.
Immanuel Ness teaches political science at Brooklyn College of the City University of New York.
Stacy Warner Maddern is a PhD candidate at the University of Connecticut in political science.
Immanuel Ness, Εργασιακή Διαμάχη, Καταλήψεις Χώρων Εργασίας, Κοινωνικοί Αγώνες, Stacy Warner Maddern, 21ος αιώνας – Εργατικός Έλεγχος στη Σύγχρονη Εποχή, Η.Π.Α., Γαλλία, Ιρλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Ευρώπη, Βόρεια ΑμερικήTopicΝαιΝαιNoΌχι -
German13/12/12Von „Socialisme ou Barbarie“ gesammelte Zeugnisse aus dem fordistischen Arbeitsalltag
...in der Streitschrift gegen Proudhon hatte Marx geschrieben: „Die größte Produktivkraft (ist) die revolutionäre Klasse selbst.“ Die Entwicklung dieser größten Produktivkraft ist kein Automatismus, sondern über Erfahrung vermittelt. Die tatsächliche Geschichte der Arbeiterbewegung zeigt, daß die Arbeiter nicht nur reagiert, sondern agiert haben, und nicht nach dem vorgefertigten Schema ihrer ‘objektiven’ Lage, sondern in Abhängigkeit von ihrer gesamten gesammelten Erfahrung. „Die Geschichte des Proletariats ist... Erfahrung, und diese muß als Fortschritt der Selbst-Organisation aufgefaßt werden“, hatte Lefort an anderer Stelle geschrieben. Die Erforschung der Erfahrung der Arbeiter im kapitalistischen Produktionsprozeß wird somit zum unumgänglichen und bedeutsamen Schritt bei der Rekonstruktion einer authentischen Klassenbewegung und der Erneuerung der revolutionären Theorie.
Aus: Archiv für die Geschichte des Widerstandes und der Arbeit, Nr. 16/2001, S. 349 - 378.
1960-2000 – Εργατικός 'Ελεγχος ενάντια στην Καπιταλιστική Αναδιάρθρωση, Andrea Gabler, Κοινωνικοί Αγώνες, Γαλλία, ΕυρώπηTopicΝαιΝαιCurrent DebateΌχι
